El Manchester Ship Canal, propietario del canal de la era victoriana en el norte de Inglaterra, ganó una apelación que significa que puede demandar a United Utilities por los vertidos de agua contaminada con aguas residuales sin tratar.
Un portavoz de United Utilities declaró que la empresa estaba estudiando las implicaciones de la sentencia del Tribunal Supremo, y añadió que United Utilities había comenzado con antelación un programa propuesto de 3.000 millones de libras (3.800 millones de dólares) para reducir los vertidos en un 60% durante la década hasta 2030.
Las acciones de United Utilities bajaban un 1,4% a las 1325 GMT.
Las compañías de aguas, que fueron privatizadas bajo el gobierno conservador de Margaret Thatcher en 1989, han vertido repetidamente aguas residuales sin tratar a las vías fluviales británicas en los últimos años.
Han provocado la ira de la opinión pública, así como demandas judiciales separadas valoradas en cientos de millones de libras por supuestamente cobrar de más a los clientes tras no informar debidamente de los vertidos de aguas residuales.
United Utilities había ganado dos veces en tribunales inferiores, que dictaminaron que la empresa del canal no podía presentar efectivamente una demanda por molestias o intrusión a menos que los vertidos contaminantes fueran el resultado de una negligencia o de una mala acción deliberada.
Pero el Tribunal Supremo admitió por unanimidad el recurso del Manchester Ship Canal, abriendo potencialmente a otras empresas a litigios similares.
El tribunal señaló en su sentencia escrita "Los vertidos de aguas fétidas de los emisarios podrían evitarse si United Utilities invirtiera en mejorar la infraestructura y los procesos de tratamiento".
Un portavoz del organismo industrial Water UK declaró que las compañías de agua están buscando la aprobación del regulador Ofwat para invertir 100.000 millones de libras "para garantizar la seguridad de nuestro suministro de agua y acabar con las aguas residuales que llegan a nuestros ríos y mares".
Un portavoz de Ofwat dijo que el regulador estaba estudiando las implicaciones de la sentencia.
El Good Law Project, un grupo de campaña que apoyó a la Environmental Law Foundation en su intervención en la apelación, afirmó que la sentencia podría provocar "un diluvio de acciones legales".
(1 dólar = 0,7897 libras)
