Los productos químicos extremadamente explosivos llegaron al puerto de Beirut a bordo del Rhosus, de bandera moldava, en 2013 y permanecieron en el puerto hasta que estallaron el 4 de agosto de 2020, matando a más de 215 personas e hiriendo a miles.

El Rhosus había sido subfletado en 2012 por la empresa de estudios sísmicos Spectrum, que fue adquirida por la empresa de servicios geofísicos TGS siete años después. Cotizada en Oslo, la empresa tiene su sede operativa en Houston, Texas.

Nueve víctimas de la explosión demandan ahora a TGS ante un tribunal de Texas, alegando que es responsable de cualquier "conducta ilícita" de Spectrum, según una sinopsis de la demanda facilitada a Reuters por el grupo de defensa suizo-libanés Accountability Now.

Zena Wakim, de Accountability Now, dijo que esperaba que la nueva denuncia revelara detalles que pudieran reactivar la estancada investigación libanesa sobre la explosión.

TGS dijo a Reuters que aún no había sido notificada formalmente, pero que negaba "todas y cada una de las acusaciones planteadas en la demanda, y tiene la intención de defender enérgicamente este asunto en los tribunales".

Dijo que llevó a cabo su propia investigación tras la explosión sobre el comportamiento de Spectrum, "que confirmó que Spectrum actuó con diligencia en la realización del estudio y no tuvo ninguna responsabilidad en la explosión".

Las víctimas, sin embargo, dicen que alguien debe rendir cuentas.

Tania Daou Allam perdió a su marido, un ciudadano estadounidense nacionalizado que la había acompañado a una cita médica en Beirut.

La explosión destrozó las ventanas de cristal de la clínica y grandes fragmentos atravesaron la garganta de su marido.

"En el Líbano, la justicia se ha retrasado durante dos años y ésta es una instancia legal más para nosotros y para todas las víctimas", dijo Allam, que también se ha inscrito como demandante en la investigación del Líbano.

"No podemos ignorar el hecho de que esta empresa tiene que ser responsable", dijo a Reuters.

Sarah Copland, cuyo hijo Isaac era ciudadano estadounidense y la persona más joven que murió en la explosión, dijo que se sentía en el deber con otras víctimas de hacer justicia siempre que fuera posible.

Copland dijo que cualquier indemnización económica se repartiría entre todas las víctimas -no sólo entre los demandantes- para apoyar a las familias del Líbano que luchan contra la crisis financiera.

"No hay pena de cárcel ni cifra en dólares que pueda mejorar esto", dijo.

"Si alguna vez, alguna vez, tengo la oportunidad de volver a ver a Isaac, quiero poder decir: 'Hice todo lo posible para asegurarme de que las personas que te hicieron esto rindieran cuentas'".