En una propuesta del 31 de diciembre, la Comisión de la UE incluyó las inversiones en gas y energía nuclear en las nuevas directrices para financiar proyectos energéticos y facilitar una eventual transición hacia una producción totalmente renovable.

Algunos países de la UE afirman que las inversiones en gas son necesarias para ayudarles a abandonar el carbón, más contaminante, mientras que otros dicen que etiquetar un combustible fósil como verde socava los esfuerzos de la UE por ser líder mundial en la lucha contra el cambio climático.

La República Checa, junto con Francia y Polonia, dicen que la energía nuclear tiene un gran papel que desempeñar dada su falta de emisiones de CO2, pero otros, como Austria, Alemania y Luxemburgo, están preocupados por los residuos radiactivos.

El gobierno checo y los funcionarios de la industria celebraron inicialmente la inclusión del gas y la energía nuclear en el proyecto de normas, pero las críticas aparecieron después de que algunos examinaran más de cerca los detalles.

"Nuestra principal tarea ahora es acercarnos a los Estados miembros de la UE que piensan como nosotros e intentar... negociar mejores condiciones que reflejen mejor nuestros intereses", tuiteó a última hora del lunes el ministro de Industria checo, Jozef Sikela, sin dar más detalles sobre esas condiciones.

Daniel Benes, director general de la empresa estatal mayoritaria CEZ y vicepresidente de la Confederación de la Industria Checa, calificó los planes de demasiado estrictos. El requisito propuesto de tener un 30% de hidrógeno mezclado en el combustible de gas para las centrales eléctricas para 2026 no era realista, dijo.

Benes también dijo, en un post en LinkedIn, que las normas significarían que la República Checa se limitaría a construir sólo una nueva unidad de energía nuclear, prevista en la planta de Dukovany de CEZ, pero no otras como quiere.

La Comisión recogerá comentarios hasta el 12 de enero y espera adoptar un texto definitivo a finales de mes. Después, el texto podrá discutirse con los gobiernos y el parlamento de la UE durante un máximo de seis meses.