"Llevamos cuatro días sin electricidad y nuestra situación es difícil... Somos las víctimas de una guerra de la que no formamos parte. Nadie se preocupa por los ciudadanos", declaró Othman Hassan, de 48 años, residente en las afueras del sur de Jartum.
A pesar de las múltiples declaraciones de alto el fuego, los dos bandos parecían disputarse el control del territorio de la capital antes de las conversaciones propuestas, aunque los líderes de ambas facciones han mostrado poca voluntad pública de negociar tras más de dos semanas de combates.
El repentino colapso bélico ha matado a cientos de personas, ha desencadenado un desastre humanitario, ha enviado un éxodo de refugiados a los estados vecinos y corre el riesgo de arrastrar a potencias exteriores, desestabilizando aún más una región ya de por sí agitada.
En amplias zonas de Jartum, fábricas, bancos y tiendas han sido saqueados o dañados, los suministros de electricidad y agua han fallado y los residentes han informado de fuertes subidas de precios y escasez de productos básicos.
"Los ejércitos beligerantes de Sudán están mostrando un desprecio temerario por la vida de los civiles al utilizar armas imprecisas en zonas urbanas pobladas", afirmó Mohamed Osman, investigador de Human Rights Watch Sudán, en un informe de la organización que documenta los daños causados por los combates en hospitales y plantas de tratamiento de agua.
El Sindicato de Médicos de Sudán dijo que uno de los principales hospitales de maternidad del país, Aldayat, en la ciudad colindante de Omdurman, había sido saqueado y ocupado por las fuerzas el jueves.
En total, afirma que 17 hospitales han resultado dañados por los combates y 20 han sido evacuados por la fuerza desde el inicio de la violencia. Sesenta de los 88 hospitales de Jartum están fuera de servicio, dijo, y muchos de los restantes sólo ofrecen un servicio parcial.
Los combates tienen su origen en las tensiones entre dos facciones rivales, el ejército y la RSF, que se habían repartido el poder tras un golpe de Estado en 2021, que hizo descarrilar un plan respaldado internacionalmente para instaurar la democracia y el gobierno civil tras un levantamiento popular en 2019 que desbancó al hombre fuerte islamista Omar al-Bashir.
Las Naciones Unidas, mientras tanto, presionaron a las facciones enfrentadas para que garantizaran el paso seguro de la ayuda después de que seis camiones fueran saqueados.
El jefe de ayuda de la ONU, Martin Griffiths, dijo que esperaba tener reuniones cara a cara con ambos bandos para conseguir garantías de su parte para los convoyes de ayuda.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) estimó que hasta el momento habían sido saqueados entre 13 y 14 millones de dólares en alimentos destinados a las personas necesitadas en Sudán.
Unas 100.000 personas han huido de Sudán con escasos alimentos y agua hacia los países vecinos, según las Naciones Unidas.
