Estos son los 17 compromisos que Hungría ha contraído con la Comisión Europea para reducir los riesgos de corrupción en los proyectos financiados por la UE. El Parlamento comienza a debatir los proyectos el lunes.

Estos compromisos son, según el informe de la Comisión

1. Establecer una Autoridad de Integridad para reforzar la prevención, detección y corrección del fraude, los conflictos de intereses y la corrupción. La Autoridad y los miembros de su consejo deben ser totalmente independientes. Tendrá amplios poderes, tales como: instruir a las autoridades contratantes para que suspendan un procedimiento de contratación pública, solicitar investigaciones. Se pondrá en marcha antes del 19 de noviembre de 2022. (PRESENTADO)

2. Crear un Grupo de Trabajo Anticorrupción antes del 1 de diciembre de 2022 que propondrá medidas para mejorar la prevención y detección de la corrupción y elaborará un informe anual en el que se analizarán los riesgos. El presidente de la Autoridad de Integridad será el presidente del Grupo de Trabajo. Los actores no gubernamentales relevantes e independientes del gobierno y de los partidos políticos, activos en el ámbito de la lucha contra la corrupción, constituirán el 50% de los miembros del Grupo de Trabajo, excluido el presidente. El proyecto de ley deberá presentarse antes del 30 de septiembre de 2022. (PRESENTADO)

3. Adoptar antes del 30 de septiembre de 2022 estrategias de lucha contra el fraude y la corrupción que definan las tareas de las entidades que participan en la ejecución de los fondos de la UE en relación con la prevención, detección y corrección del fraude. Adoptar una Estrategia Nacional Anticorrupción y un Plan de Acción antes del 30 de junio de 2023. Presentar un proyecto de ley (que entrará en vigor el 1 de noviembre) que amplíe el alcance personal del sistema de declaración de bienes.

4. Adoptar legislación para garantizar que las normas de contratación pública se apliquen a las fundaciones de gestión de activos de interés público. (PRESENTADO)

5. Modificar el Código de Procedimiento Penal para establecer un procedimiento relativo a los delitos relacionados con el ejercicio de la autoridad pública o la gestión de los bienes públicos. El procedimiento permitiría la revisión judicial de la decisión de la fiscalía o de la autoridad investigadora de desestimar una denuncia penal o de cerrar una investigación sin una acusación. Un juez de instrucción estará facultado para ordenar el inicio o la continuación del procedimiento. Adoptar el proyecto antes del 31 de octubre de 2022. (PRESENTADO)

6. Reforzar los mecanismos de auditoría y control de la aplicación de los fondos de la Unión: elaborar disposiciones, que se incluirán en los decretos gubernamentales pertinentes sobre la aplicación de las ayudas de la UE, para reforzar las normas de prevención de los conflictos de intereses y la corrupción. Establecer la Dirección de Auditoría Interna e Integridad en la Oficina del Primer Ministro antes del 30 de septiembre de 2022 y modificar los decretos pertinentes antes del 30 de septiembre de 2022. (PRESENTADO)

7. Reducción de las ofertas únicas en los procedimientos de contratación con fondos de la UE: reducir antes del 31 de diciembre de 2022 la proporción de licitaciones públicas financiadas con fondos de la UE y cerradas en 2022 con ofertas únicas por debajo del 15%.

8. Reducción de las ofertas únicas en los procedimientos de contratación en los que intervienen fondos nacionales: reducir gradualmente para finales de 2024 el porcentaje de licitaciones públicas financiadas con el presupuesto nacional y cerradas en un año natural con ofertas únicas por debajo del 15%.

9. Herramienta de información sobre las ofertas únicas: desarrollar antes del 30 de septiembre de 2022 una nueva herramienta de seguimiento e información para medir la proporción de procedimientos de contratación pública que dan lugar a ofertas únicas, financiadas con recursos nacionales o con ayuda de la UE, o con ambos.

10. Sistema electrónico de contratación pública (EPS): crear y publicar una base de datos actualizada periódicamente y disponible para el público de forma gratuita que contenga información sobre todos los anuncios de adjudicación de contratos de los procedimientos de contratación pública. Antes del 30 de septiembre de 2022.

11. Marco de medición del rendimiento: desarrollar, antes del 30 de septiembre de 2022, un marco de medición del rendimiento para evaluar la eficiencia y la rentabilidad de las contrataciones públicas. Debería funcionar antes del 30 de noviembre de 2022 y contar con la participación de organizaciones no gubernamentales y expertos independientes. Adoptar la decisión antes del 30 de septiembre de 2022.

12. Plan de acción para aumentar el nivel de competencia en los procedimientos de contratación pública antes del 31 de marzo de 2023

13. Formación gratuita para las micro, pequeñas y medianas empresas en materia de contratación pública: antes del 31 de marzo de 2024.

14. Plan de apoyo a la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en la contratación pública

15. Uso ampliado de la herramienta de puntuación de riesgos de la Comisión: aplicar las normas para el uso sistemático de la herramienta única de extracción de datos y puntuación de riesgos denominada Arachne en la ejecución de las ayudas de la UE. Aplicar las normas pertinentes antes del 30 de septiembre de 2022.

16. Reforzar la cooperación con la OLAF: presentar un proyecto de ley que deberá adoptarse antes del 30 de septiembre de 2022 en el que se designe a la Administración Nacional de Impuestos y Aduanas para que asista a la OLAF (Oficina Europea de Lucha contra el Fraude) cuando realice controles sobre el terreno en Hungría y cuando un operador económico se niegue a cooperar. Proyecto de ley independiente para introducir una sanción económica disuasoria. (PRESENTADO)

17. Aumento de la transparencia del gasto público: presentar al Parlamento y aprobar un proyecto de ley antes del 31 de octubre de 2022 que establezca la obligación de que todos los organismos públicos publiquen en un registro central una serie de datos sobre el uso de los fondos públicos.