A continuación encontrará datos sobre la propuesta y sus posibles ramificaciones.
¿CUÁL ES LA PROPUESTA?
La Ley de Estabilidad de la Deuda Soberana combina dos propuestas que no consiguieron ser votadas el año pasado y tiene como objetivo "proporcionar mecanismos eficaces para la reestructuración de la deuda soberana y subnacional".
La propuesta pretende reescribir la ley neoyorquina que cubre los contratos de deuda soberana y se calcula que afectará a más de 850.000 millones de dólares en deuda pendiente de los mercados emergentes.
Los impagos soberanos podrían convertirse en un problema mayor este año, ya que los pagos del principal de los eurobonos soberanos de los mercados emergentes aumentarán hasta los 78.400 millones de dólares desde los 43.600 millones del año pasado, según las estimaciones de JPMorgan.
Sólo en el caso de los soberanos emergentes de menor calificación, esos pagos se dispararán a más de 65.000 millones de dólares para este año y el próximo combinados, frente a los poco más de 8.000 millones de dólares de 2023.
¿QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR?
El proyecto de ley 5524A, patrocinado por el demócrata Gustavo Rivera, pretende reforzar "el papel del Estado de Nueva York como lugar principal para la emisión y negociación de deuda soberana".
Pretende reducir el riesgo sistémico para el sistema financiero, la incertidumbre de los acreedores y disminuir el coste social de las crisis de deuda soberana.
El proyecto de ley limitará de forma efectiva la devolución a los acreedores privados al mismo nivel que Estados Unidos -si participara como acreedor bilateral oficial- en un mecanismo preestablecido de reestructuración de la deuda soberana, como el Marco Común del Grupo de los 20.
Como alternativa, el proyecto de ley permitirá que un "monitor independiente" designado por el gobernador de Nueva York en consulta con el Departamento del Tesoro agilice el proceso de poner de acuerdo a acreedores y deudores.
El país deudor podría en cualquier momento, pero sólo una vez, cambiar de una opción a la otra.
¿CUÁL ES EL PROGRESO PROBABLE DEL PROYECTO DE LEY?
Quedan por delante muchos procedimientos y pasos de votación antes de que el proyecto pueda convertirse en ley.
Tiene que ser debatido y votado en comités, grupos más reducidos de legisladores en ambas cámaras de la legislatura del Estado de Nueva York y - en caso de ser aprobado - este proceso sería replicado por el pleno de las cámaras. Una vez más, en función de su aprobación, el proyecto de ley se envía al gobernador, que puede firmarlo o vetarlo.
Cualquier posible veto podría ser anulado por una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Los demócratas ostentan tales mayorías, pero ambas cámaras se someten a elecciones el 5 de noviembre.
Ninguna de las dos propuestas originales del año pasado llegó a ser votada en el pleno de ninguna de las dos cámaras.
LOS ANTECEDENTES
Los países no tienen el tipo de protecciones contra la quiebra que tienen las empresas, lo que puede dar lugar a reestructuraciones desordenadas y largas cuando la deuda se vuelve insostenible.
Ha habido muchas propuestas para agilizar los procesos de impago soberano.
El FMI encabezó la creación de un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana entre 2001 y 2003, que finalmente fue desechado.
En 2014, se introdujeron las Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). En general, se considera que han mejorado el marco de las reestructuraciones al reducir la probabilidad de que haya acreedores holdout, como Elliot Management, cuya infame batalla de 14 años concluyó con un pago de más de 2.000 millones de dólares por parte de Argentina.
Más recientemente, el G20 se comprometió a agilizar los tratamientos de la deuda a través de su plataforma Marco Común, que busca un alivio comparable por parte de acreedores bilaterales como el Club de París y China, así como de acreedores privados. Pero hasta ahora la iniciativa no ha conseguido acelerar los reprocesamientos, y los acreedores privados no están formalmente incluidos.
Leyes o propuestas similares a la del estado de Nueva York han surgido en Gran Bretaña, el otro gran centro de emisión de deuda internacional de las economías emergentes. Sin embargo, el gobierno conservador en el poder ha rechazado un enfoque legislativo.
En Bélgica se está debatiendo una ley que regula las prácticas de los acreedores privados que tratan con soberanos en dificultades.
LAS PREOCUPACIONES
El grupo comercial bancario Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) afirmó que la aprobación del proyecto de ley podría desencadenar riesgos de litigio, dado que alteraría los contratos existentes.
La introducción de inseguridad jurídica alteraría los derechos de los inversores, que podrían decidir no prestar a determinados países, limitando las fuentes de financiación. Eso podría elevar los costes de los préstamos, lo que iría en contra del espíritu del proyecto de ley.
Nueva York también podría encontrarse perdiendo negocio en favor de otros estados o países, debilitando en lugar de reforzando su posición como centro de emisión de deuda. Eso supondría una pérdida de ingresos para la ciudad y el estado.
"Cualquier legislación debería abordar los posibles impactos adversos sobre los costes y el acceso a la financiación para los prestatarios soberanos, así como sobre los derechos de los acreedores", dijo el FMI el año pasado sobre la propuesta original. (Reportaje de Rodrigo Campos; edición de Karin Strohecker y Barbara Lewis)
