Más de 60 niños han sido detenidos arbitrariamente, torturados y golpeados en El Salvador desde que el gobierno declaró el estado de excepción hace más de dos años para combatir a las pandillas, según un informe de la organización Human Rights Watch publicado el martes.

Policías y soldados han detenido a 3.319 niños y adolescentes desde marzo de 2022 hasta abril de este año, el tiempo transcurrido desde que se instauró el estado de excepción y se suspendieron ciertos derechos civiles hasta el inicio de los juicios masivos, según el grupo de derechos con sede en Nueva York.

"Muchos niños que han sido detenidos y encarcelados no tenían ninguna relación aparente con la actividad abusiva de las bandas", señala el informe. "Durante su detención, las autoridades sometieron a los niños a graves malos tratos que en algunos casos equivalían a tortura".

El gobierno salvadoreño no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters, pero ha dicho anteriormente que en sus cárceles no se practica la tortura.

El informe, elaborado a partir de más de 90 entrevistas, afirmaba que a los niños encarcelados se les había privado de alimentación adecuada, atención sanitaria y contacto con sus familias, y "en muchos casos" se les había coaccionado para que hicieran confesiones falsas.

"Las autoridades han tomado pocas medidas, si es que han tomado alguna, para proteger a los niños de la violencia de otros detenidos, incluidas las palizas y las agresiones sexuales", afirmó HRW.

El grupo documentó 66 casos de menores sometidos a detención arbitraria, tortura y acoso policial, y advirtió de que las detenciones parecían basarse en el aspecto físico y las condiciones socioeconómicas más que en pruebas creíbles.

También descubrió que más de 1.000 menores han sido condenados a penas de hasta 12 años por delitos ampliamente definidos en juicios con pruebas dudosas y falta de garantías procesales.

Más de 80.500 personas han sido detenidas bajo el estado de emergencia, que ha conseguido reducir drásticamente el número de homicidios convirtiendo al pequeño país centroamericano en uno de los más seguros de América y granjeando al presidente Nayib Bukele un fuerte apoyo popular.

La semana pasada, el grupo local de derechos Cristosal afirmó que al menos 265 personas han muerto bajo custodia estatal, entre ellas cuatro bebés.