Pakistán ha autorizado a su agencia de espionaje, dirigida por el ejército, a intervenir llamadas y mensajes telefónicos, reforzando así su papel clave en la política de la nación, mientras los políticos de la oposición y los usuarios de las redes sociales expresaban su preocupación por un posible uso indebido o violaciones de la privacidad.

Los poderosos militares, en un país gobernado por el ejército durante casi la mitad de su historia independiente, pueden hacer o deshacer gobiernos en Pakistán, y los nuevos poderes para su agencia de Inteligencia Inter-Servicios (ISI) suscitaron una alarma generalizada.

El ministro de Justicia, Azam Nazeer Tarar, dijo al parlamento que el ministerio de tecnologías de la información y telecomunicaciones había sido avisado del cambio en una notificación del 8 de julio.

"Cualquiera que haga un mal uso de la ley se enfrentará a acciones", declaró Tarar el martes, añadiendo que la medida se limitaría al seguimiento de actividades delictivas y terroristas y que el gobierno se aseguraría de que no infringiera la vida y la intimidad de las personas.

"El gobierno federal, en interés de la seguridad nacional y en la aprehensión de cualquier delito, se complace en autorizar a los funcionarios... a interceptar llamadas y mensajes o a rastrear llamadas a través de cualquier sistema de telecomunicaciones", decía el aviso, visto por Reuters.

La medida contó con la oposición en el Parlamento del partido de la oposición Pakistan Tehreek-e-Insaf, del ex primer ministro encarcelado Imran Khan.

Khan había respaldado anteriormente la vigilancia por parte de los ISI de las llamadas telefónicas de los políticos, o incluso de las suyas propias, sin autorización legal.

Un dirigente del partido, Omar Ayub Khan, dijo que la agencia probablemente ejercería sus poderes incluso contra los legisladores, y prometió que su partido presentaría un recurso ante los tribunales.

El Ala de Relaciones Públicas Inter-Servicios del ejército declinó hacer comentarios. El Ministerio de Información no respondió a una petición en la que se solicitaba un comentario sobre si la autorización legal podría dar lugar a una violación de la intimidad y a un uso indebido con fines políticos.

"¿Lo que es "legal" es también constitucional o correcto?". preguntó en X Farieha Aziz, del grupo de defensa de los derechos Bolo Bhi.