En una decisión de 3-0, el Tribunal de Apelaciones del 2º Circuito de Estados Unidos en Manhattan dijo que la NRA no logró probar que Maria Vullo, la ex superintendente del Departamento de Servicios Financieros (DFS) de Nueva York, "cruzó la línea entre los intentos de convencer y los intentos de coerción".
Vullo había pedido en abril de 2018 a los bancos y a las aseguradoras que consideraran los "riesgos para la reputación" de hacer negocios con grupos defensores de los derechos de las armas, tras el tiroteo mortal de dos meses antes contra 17 personas en el instituto Marjory Stoneman Douglas de Parkland (Florida).
Más tarde, multó a Lloyd's of London y a otras dos empresas de seguros con más de 13 millones de dólares, y éstas aceptaron dejar de vender productos respaldados por la NRA que Nueva York consideraba ilegales.
La NRA demandó a Vullo y al entonces gobernador Andrew Cuomo en mayo de 2018, alegando que la campaña de "listas negras" del estado la privaría de servicios financieros básicos y amenazaba su defensa.
Un juez de primera instancia desestimó en marzo de 2021 todas las demandas, salvo dos de libertad de expresión contra Vullo, pero el tribunal de apelaciones dijo que esas también deberían haber sido desestimadas.
El juez de circuito Denny Chin escribió que incluso si las acciones de Vullo fueron "de alguna manera coercitivas", ella actuó razonablemente y de buena fe dada la reacción contra los grupos de derechos de las armas después del tiroteo de Parkland.
"Ella seguramente tenía el derecho de plantear estas preocupaciones para proteger a las entidades reguladas por el DFS y a los residentes de Nueva York del daño financiero y para preservar la estabilidad en el sistema financiero del estado", escribió Chin.
Los abogados de la NRA no tuvieron comentarios inmediatos.
Vullo, en un comunicado, dijo que la decisión reivindicaba su autoridad para abordar las preocupaciones de política pública incluso cuando los "adversarios agresivos" utilizan el litigio para sofocar sus esfuerzos.
La NRA, que está constituida en Nueva York, se enfrenta a una investigación separada por parte de la fiscal general del estado, Letitia James, sobre la supuesta corrupción dentro del grupo.
Un juez de Manhattan bloqueó en marzo su esfuerzo por disolver la NRA, pero dijo que James tenía muchas demandas legalmente viables.
El caso es Asociación Nacional del Rifle de América contra Vullo, Tribunal de Apelación del 2º Circuito de Estados Unidos, nº 21-636.
