El informe del Post se basó en una solicitud de registros públicos sobre las comunicaciones internas del Departamento de Seguridad Pública (DPS) relacionadas con la petición de la oficina del Fiscal General. El DPS es el organismo que expide los permisos de conducir y otros documentos estatales.

Según el informe, se desconoce el motivo de la solicitud, que se realizó en junio y buscaba los datos de las personas que cambiaron de género durante los dos años anteriores.

El periódico informó de que a los defensores de los transexuales tejanos les preocupa que el fiscal general pueda utilizar los datos para restringir aún más su derecho a la transición, y que tenga un efecto escalofriante aprovechar en secreto la información personal para perseguir a personas ya de por sí vulnerables.

Se produce en un momento en que los líderes del estado, dirigido por los republicanos, se han centrado en las cuestiones transgénero, incluida la investigación de familias de jóvenes transgénero por abuso infantil y la aprobación de un proyecto de ley para prohibir que los niños transgénero practiquen deportes que no coincidan con su género de nacimiento.

Los defensores de la igualdad de derechos y de las libertades civiles han criticado las acciones de Texas en cuestiones transgénero, calificándolas de medidas discriminatorias, basadas en el "odio" y diseñadas para energizar a los conservadores sociales más duros.

La oficina del Fiscal General no respondió a una solicitud de Reuters para hacer comentarios, como tampoco lo hizo el DPS.

Un portavoz del DPS dijo al Post que una búsqueda inicial encontró 16.000 casos de cambio de género en los permisos de conducir y otros documentos. El DPS determinó que era necesaria una búsqueda manual más exhaustiva de los registros para obtener una cifra exacta sobre los cambios de género en los documentos y por qué se realizaban dichos cambios.

En última instancia, el DPS no entregó ningún dato a la oficina del Fiscal General porque no era posible realizar un recuento exacto, declaró al Post Travis Considine, portavoz del DPS. Añadió que no podía decir quién dentro de la oficina del Fiscal General había hecho la petición de los datos.