Arnab Ghatak, que fue despedido en 2021, presentó la demanda ante un tribunal del estado de Nueva York sólo dos días después de que Reuters y otros medios informaran de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba llevando a cabo una investigación criminal sobre el papel de McKinsey en la epidemia de opioides en Estados Unidos.
Parte de esa investigación se refiere a si McKinsey obstruyó a la justicia, una investigación relacionada con la revelación de McKinsey de que había despedido a dos socios que se comunicaron sobre la eliminación de documentos relacionados con su trabajo sobre los opioides, dijeron personas familiarizadas con el asunto.
Entre esos socios se encontraba Ghatak, que había sido socio principal y jefe mundial de asuntos médicos de McKinsey. En su demanda, Ghatak alegó que McKinsey y su socio director global, Bob Sternfels, mintieron al Congreso estadounidense y al público sobre su papel en el borrado de correos electrónicos.
Ghatak acusó a Sternfels de engañar al Congreso cuando declaró ante un comité de la Cámara de Representantes en 2022 que los dos socios habían sido despedidos por violar una política de conservación de documentos, política que, según Ghatak, en realidad no existía.
Dijo que McKinsey sabía que no existían pruebas de que hubiera borrado indebidamente correos electrónicos, pero que había promovido la narrativa "para crear un chivo expiatorio como distracción de su propio trabajo de décadas en opioides no disuasorios del abuso".
La demanda busca daños compensatorios y punitivos no especificados de McKinsey y Sternfels, que también fue nombrado como demandado.
Un portavoz de McKinsey calificó la demanda de "totalmente infundada".
"Le despedimos por violaciones graves de nuestras normas profesionales", dijo el portavoz de McKinsey. "Mantenemos plenamente nuestra decisión de despedir al Dr. Ghatak y nuestras declaraciones públicas al respecto".
Un portavoz del Departamento de Justicia de EE.UU. no respondió a una solicitud de comentarios.
Anteriormente, McKinsey acordó pagar casi 1.000 millones de dólares para resolver demandas generalizadas por opioides y otras acciones legales relacionadas por parte de estados, gobiernos locales, distritos escolares, tribus de nativos americanos y aseguradoras sanitarias que le acusaban de contribuir a una epidemia mortal de adicción a los opioides en Estados Unidos.
McKinsey dijo en 2019 que dejaría de asesorar a sus clientes en cualquier negocio relacionado con los opioides. McKinsey no admitió haber cometido irregularidades en esos acuerdos civiles.
Purdue se declaró culpable en 2020 de cargos sobre su manejo de los opioides. El acuerdo multimillonario al que llegó en un tribunal de quiebras para resolver las demandas en las que se le acusaba de haber alimentado la epidemia está en suspenso mientras el Tribunal Supremo de EE UU estudia una impugnación del acuerdo por parte del gobierno de Biden. (Información de Nate Raymond en Boston; información adicional de Chris Prentice; edición de Leslie Adler)
