La orden aviva la preocupación por los derechos en Túnez desde que el presidente Kais Saied se hizo con poderes adicionales en 2021, pasando a gobernar por decreto y asumiendo después la autoridad sobre el poder judicial.

"El juez de instrucción de la oficina 36 de la rama antiterrorista emite una decisión que prohíbe la cobertura mediática de los dos casos de conspiración contra la seguridad del Estado", declaró a TAP la portavoz del tribunal, Hanan el-Qadas.

TAP citó posteriormente a Qadas diciendo que la orden sólo afectaba a los "medios audiovisuales" y tenía por objeto mantener la confidencialidad de los detalles de los casos y proteger los datos personales de las personas implicadas.

Reuters no pudo ponerse inmediatamente en contacto con la portavoz.

Los jueces han detenido o abierto investigaciones a más de 20 figuras políticas, judiciales, de los medios de comunicación y del mundo empresarial vinculadas a la oposición en los últimos meses, acusando a algunas de conspirar contra la seguridad del Estado.

Los principales partidos de la oposición han denunciado las detenciones como motivadas políticamente y los grupos de defensa de los derechos han instado a las autoridades tunecinas a liberar a los detenidos.

Hasta el momento, ni el Ministerio del Interior ni el de Justicia han hecho comentarios públicos sobre las detenciones.

El presidente Saied ha calificado a los detenidos de terroristas, criminales y traidores, y ha afirmado que los jueces que los liberen serán considerados cómplices.

La oposición acusa a Saied de golpista por cerrar el parlamento en 2021, gobernar por decreto y redactar una nueva constitución que fue aprobada el año pasado con escasa participación para otorgarle poderes casi ilimitados.

Dicen que ha desmantelado el sistema democrático introducido tras una revolución en 2011 que también trajo consigo uno de los panoramas mediáticos más libres de cualquier país árabe, en el que la prensa informaba regularmente de las críticas al gobierno.

Saied ha negado haber dado un golpe de Estado, afirmando que sus acciones fueron legales y necesarias para salvar a Túnez del caos y la corrupción.