En un informe encargado por el gobierno, la Comisión Jurídica afirmó que los activos digitales como las criptodivisas y los tokens no fungibles (NFT) no encajan en las categorías tradicionales de propiedad personal.

Como era de esperar, la Comisión propuso añadir una tercera categoría de "objetos digitales" a las categorías existentes de propiedad personal, que son "cosas en posesión" (activos tangibles como el oro) y "cosas en acción" (como deudas o acciones de una empresa).

El grupo también afirmó que el gobierno debería crear un panel de expertos para asesorar a los tribunales sobre cuestiones legales relacionadas con los activos digitales.

Estas medidas apoyarían el objetivo del gobierno británico de convertirse en un centro mundial de criptoactivos, señaló la Comisión Jurídica en un comunicado.

"El uso y la importancia de los activos digitales ha crecido significativamente en los últimos años", dijo Sarah Green, comisionada de derecho mercantil y common law.

"La flexibilidad del derecho común significa que el sistema legal de Inglaterra y Gales está bien situado para adaptarse a este rápido crecimiento".

El primer ministro Rishi Sunak dijo en abril de 2022, cuando era ministro de Finanzas, que quería convertir a Gran Bretaña en un centro mundial para la tecnología de criptoactivos. Pidió a la Comisión Jurídica que revisara si las leyes actuales pueden dar cabida a los activos digitales.

"La Comisión Jurídica ha optado por empuñar el bisturí, no el mazo, con estas recomendaciones. Esto será tranquilizador para muchos en la industria", dijo Adam Sanitt, director de conocimiento de Norton Rose Fulbright, que contribuyó al informe.

Sanitt afirmó que llevar adelante las recomendaciones allanaría el camino para una mayor protección de los titulares de criptoactivos y apoyaría el objetivo del Gobierno de convertir al Reino Unido en un centro tecnológico.

La Comisión también dijo que no había suficiente seguridad jurídica en torno a los acuerdos de garantía que implican criptoactivos y recomendó al gobierno que estableciera un marco jurídico a medida para facilitar estas situaciones.

"Existe un grado muy alto de demanda de dicha reforma legal entre los consultados, los participantes en los mercados y los organismos del sector", decía el informe.