Un partido de la oposición impugnó en octubre la decisión del gobierno de enviar 1.000 agentes para hacer frente a una crisis cada vez más profunda en Haití, donde la violencia de las bandas mató a casi 5.000 personas y obligó a unas 200.000 personas a abandonar sus hogares el año pasado.
Kenia esperaba tener a sus oficiales en Haití tan pronto como este mes después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara la misión en octubre, pero un tribunal dictó una suspensión del despliegue poco después.
El juez del Tribunal Superior Chacha Mwita dijo que, según la legislación keniana, las autoridades sólo podían desplegar oficiales en el extranjero si existía un "acuerdo recíproco" con el gobierno anfitrión.
"Cualquier otra acción o medida adoptada por cualquier órgano o funcionario del Estado en cumplimiento de tal decisión, contraviene la Constitución y la ley y es, por tanto, inconstitucional, ilegal e inválida", declaró Mwita.
El gobierno no comentó inmediatamente si recurriría la sentencia.
Haití solicitó ayuda por primera vez en 2022 ante el aumento de la violencia de las bandas, pero fue incapaz de encontrar un país dispuesto a dirigir una misión de seguridad.
Muchos gobiernos se han mostrado recelosos de apoyar a la administración no elegida del primer ministro Ariel Henry y de intervenir en una nación en la que las misiones anteriores se han visto salpicadas por abusos de los derechos humanos.
Kenia dio finalmente un paso al frente el pasado mes de julio, afirmando que lo hacía en solidaridad con una nación hermana. Las Bahamas comprometieron entonces a 150 personas, y Jamaica y Antigua y Barbuda dijeron que estaban dispuestas a ayudar.
Naciones Unidas dijo esta semana que había documentado 4.789 personas muertas por la violencia de las bandas en Haití el año pasado, un aumento del 119% desde 2022, y que otras 3.000 fueron secuestradas.
