En su lugar, las leyes de seguridad en línea se centrarían en la protección de los niños y en garantizar que las empresas retiren los contenidos ilegales o prohibidos en sus condiciones de servicio, dijo, añadiendo que no especificaría qué contenidos legales deberían censurarse.

A los propietarios de plataformas, como Meta, propietaria de Facebook, y Twitter, se les prohibiría eliminar o restringir contenidos generados por los usuarios, o suspender o expulsar a usuarios, cuando no se incumplan sus condiciones de servicio o la ley, señaló.

El gobierno ya había dicho anteriormente que las empresas de medios sociales podrían ser multadas con hasta el 10% de su facturación o 18 millones de libras (22 millones de dólares) si no eliminaban los contenidos perjudiciales, como los abusos, aunque estuvieran por debajo del umbral penal, mientras que los altos directivos también podrían enfrentarse a acciones penales.

La legislación propuesta, que ya se había visto acosada por retrasos y disputas antes de la última versión, eliminaría la influencia estatal sobre la forma en que las empresas privadas gestionan la expresión legal, según el Gobierno.

También evitaría el riesgo de que las plataformas retiraran publicaciones legítimas para evitar sanciones.

La Secretaria Digital, Michelle Donelan, dijo que su objetivo era impedir que las plataformas de medios sociales no reguladas perjudicaran a los niños.

"Llevaré al Parlamento un proyecto de ley reforzado sobre seguridad en línea que permitirá a los padres ver y actuar sobre los peligros que los sitios representan para los jóvenes", dijo. "También se librará de cualquier amenaza de que las empresas tecnológicas o futuros gobiernos puedan utilizar las leyes como una licencia para censurar opiniones legítimas".

Gran Bretaña, al igual que la Unión Europea y otros países, ha estado lidiando con el problema de legislar para proteger a los usuarios, y en particular a los niños, de los contenidos perjudiciales generados por los usuarios en las plataformas de medios sociales sin dañar la libertad de expresión.

El proyecto de ley revisado sobre seguridad en línea, que vuelve al parlamento el mes que viene, hace recaer en las empresas tecnológicas la responsabilidad de retirar el material que infrinja sus propias condiciones de servicio y de hacer cumplir sus límites de edad de los usuarios para impedir que los niños eludan los métodos de autentificación, según el gobierno.

Si es probable que los usuarios se encuentren con contenidos controvertidos, como la glorificación de los trastornos alimentarios, el racismo, el antisemitismo o la misoginia que no alcancen el umbral penal, la plataforma tendrá que ofrecer herramientas para ayudar a los usuarios adultos a evitarlos, señaló.

Sólo en el caso de que las plataformas no respetaran sus propias normas o eliminaran los contenidos delictivos podría aplicarse una multa de hasta el 10% de la facturación anual.

Gran Bretaña dijo a última hora del sábado que se incluiría en el proyecto de ley un nuevo delito penal de ayuda o incitación a autolesionarse en línea.

(1 dólar = 0,8317 libras)