Además de las normas conocidas como Ley de Mercados Digitales (DMA), los legisladores también aprobaron la Ley de Servicios Digitales (DSA), que exige a las plataformas en línea que hagan más por vigilar Internet en busca de contenidos ilegales.

Las empresas se enfrentan a multas de hasta el 10% de la facturación global anual por violaciones de la DMA y del 6% por infracciones de la DSA. Los legisladores y los Estados de la UE habían llegado a un acuerdo político sobre ambos conjuntos de normas a principios de este año, dejando algunos detalles por limar.

Los dos conjuntos de normas para las grandes empresas tecnológicas se basan en la experiencia de la jefa de antimonopolio de la UE, Margrethe Vestager, en las investigaciones sobre las empresas. Ella ha creado un grupo de trabajo de la AMD, al que se espera que se unan unos 80 funcionarios, lo que según los críticos es inadecuado.

El legislador Andreas Schwab, que dirigió la cuestión en el Parlamento Europeo, ha pedido un grupo de trabajo más grande para contrarrestar los grandes bolsillos de las grandes empresas tecnológicas.

La Organización Europea de Consumidores (BEUC) se hizo eco de las mismas preocupaciones.

"La semana pasada dimos la voz de alarma, junto con otros grupos de la sociedad civil, de que si la Comisión no contrata a los expertos que necesita para vigilar las prácticas de las grandes tecnológicas en el mercado, la legislación podría verse entorpecida por una aplicación ineficaz", declaró la directora general adjunta de la BEUC, Ursula Pachl, en un comunicado.

La DMA pretende forzar cambios en los negocios de las empresas, exigiéndoles que hagan interoperables sus servicios de mensajería y que proporcionen a los usuarios empresariales acceso a sus datos.

Los usuarios empresariales podrán promocionar productos y servicios de la competencia en una plataforma y llegar a acuerdos con los clientes fuera de las plataformas.

Las empresas no podrán favorecer sus propios servicios en detrimento de los de sus rivales ni impedir que los usuarios eliminen el software o las aplicaciones preinstaladas, dos normas que golpearán duramente a Google y Apple.

La DSA prohíbe la publicidad dirigida a los niños o basada en datos sensibles como la religión, el género, la raza y las opiniones políticas. También se prohibirán los patrones oscuros, que son tácticas que engañan a las personas para que den datos personales a las empresas en línea.