El Sindicato de Bomberos y la Asociación Médica Británica argumentaron que el Ministerio de Hacienda británico estaba haciendo pagar de hecho a los miembros de los planes de pensiones más recientes la factura de su propio error.

Pero un juez del Tribunal Superior de Londres desestimó el caso de los dos sindicatos en una sentencia escrita el viernes.

La acción legal se produjo después de que un tribunal dictaminara en 2018 que la exclusión del personal más joven de los planes de pensiones "heredados" más beneficiosos, como parte de unas reformas gubernamentales más amplias, equivalía a una discriminación ilegal por motivos de edad.

Esa decisión le pasó al gobierno una factura estimada entre 17.000 y 19.000 millones de libras en pagos futuros adicionales de pensiones a unos tres millones de trabajadores del sector público.

En 2021, el gobierno incluyó esa factura en la valoración de los planes de pensiones del sector público, sin lo cual, según los sindicatos, las prestaciones de los afiliados habrían aumentado o sus cotizaciones se habrían reducido.

Los abogados de los sindicatos argumentaron en una vista celebrada en enero que la decisión era ilegal, ya que se tomó sin valorar otras opciones.

Sin embargo, el gobierno dijo que se enfrentaba a una "elección básica" entre pedir a los empleados del sector público - y en última instancia al contribuyente - o a los afiliados a los planes de pensiones que asumieran el coste.