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"En la actualidad, tras la decisión del Parlamento Europeo y el debate subsiguiente, no existe seguridad jurídica de que los vehículos con motor de gasolina y diésel puedan matricularse después de 2035 si funcionan con combustible ecológico", declaró el ministro de Finanzas el lunes tras finalizar la reunión del gabinete del Gobierno del semáforo en Meseberg. Sin embargo, es precisamente esta claridad constitucional a favor de la apertura tecnológica lo que se necesita. El canciller Olaf Scholz dijo que el gobierno alemán estaba de acuerdo en que la Comisión de la UE hiciera una propuesta sobre cómo podrían utilizarse los e-combustibles después de 2035.
El ministro federal de Transportes, Volker Wissing, había expresado anteriormente su optimismo ante la posibilidad de encontrar una solución a la disputa sobre la prohibición prevista en la UE de los coches con motor de combustión. "Vamos por buen camino", declaró el político del FDP en Meseberg. Había coincidido con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante las conversaciones del domingo, en que había que alcanzar los objetivos de protección del clima. La cuestión ahora era cómo integrar la apertura tecnológica en las propuestas de la Comisión. No es una cuestión que deba decidirse en una semana, dijo, en alusión a la votación aplazada de la semana pasada a nivel de la UE.
El trasfondo es la resistencia del FDP dentro de la coalición a aceptar una prohibición de los motores de combustión a nivel de la UE a partir de 2035. La votación final entre los 27 gobiernos de la UE se pospuso porque Alemania no habría votado a favor. Según Wissing, sigue faltando la propuesta prometida por la Comisión de la UE sobre cómo podrían utilizarse combustibles respetuosos con el clima -los llamados e-combustibles- en los motores de combustión después de 2035, y no sólo en pequeñas cantidades. Von der Leyen había insistido en un acuerdo rápido como invitada a la reunión del gabinete celebrada el domingo en Meseberg.
En vista de los numerosos contenciosos de la coalición, Scholz, Lindner y el ministro de Economía, Robert Habeck (Verdes), destacaron las constructivas conversaciones de Meseberg. Habían acordado que querían trasladar este espíritu a los asuntos cotidianos, dijo el canciller, sin dar detalles. La ministra de Finanzas, Lindner, dijo respecto al régimen básico de protección de la infancia que éste no entraría en vigor hasta 2025. Por tanto, no existía ningún vínculo con las negociaciones presupuestarias para 2024 y el volumen de dos a tres mil millones de euros para el régimen básico de protección infantil era financieramente viable. El SPD y los Verdes habían temido que no hubiera suficiente dinero disponible para el régimen básico de protección infantil en vista de los debates presupuestarios en curso.
(Informe de Andreas Rinke; editado por Hans Seidenstücker. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nuestra redacción en berlin.newsroom@thomsonreuters.com (para política y economía) o frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (para empresas y mercados).
