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El bloque está introduciendo más rigor en las inversiones medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG), ya que los reguladores sospechan del "lavado verde", o de empresas que inflan en exceso su perfil de sostenibilidad.
Según las nuevas normas, los proveedores de calificaciones ESG de la Unión Europea, hasta ahora no regulados, tendrán que ser autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Los calificadores con sede fuera del bloque tendrán que tener sus calificaciones avaladas por un calificador regulado en la UE.
Las calificadoras tendrán que revelar explícitamente si sus calificaciones cubren cómo las operaciones de una empresa afectan al medio ambiente o a factores sociales como los derechos humanos, y no sólo el impacto de los ASG en los resultados de una empresa.
El objetivo es fomentar más calificaciones que cubran la "doble materialidad" -un impacto bidireccional tanto en la empresa como en el medio ambiente-, que ya está integrada en la información sobre sostenibilidad de la UE que aplican las empresas que cotizan en bolsa.
"Aumentar la confianza de los inversores mediante calificaciones ESG transparentes y reguladas puede tener un impacto significativo en nuestra transición hacia un futuro socialmente más responsable y sostenible", declaró Vincent Van Peteghem, ministro de Finanzas de Bélgica, país que ostenta la presidencia de la UE y que ayudó a negociar el acuerdo.
"Este acuerdo constituye un avance histórico para las finanzas sostenibles", afirmó Aurore Lalucq, diputada francesa de centro izquierda en el Parlamento Europeo que también formó parte del equipo negociador.
Las calificadoras tendrán que separar las calificaciones de los factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Si se suministra una única calificación ESG, la ponderación de E, S y G deberá ser explícita, y la social deberá incluir también los derechos humanos.
Una calificación sobre el medio ambiente tendrá que decir si tiene en cuenta la alineación con el Acuerdo de París sobre la reducción de las emisiones de carbono.
Los calificadores ESG más pequeños con sede en la UE sólo tendrán que cumplir una versión más ligera de las normas durante los tres primeros años para ayudarles a crecer en un sector dominado por un puñado de grandes actores como MSCI, S&P Global, London Stock Exchange Group, Moody's y Sustainalytics de Morningstar.
Los Estados de la UE y el Parlamento Europeo tendrán que dar el visto bueno formal al acuerdo, que probablemente entraría en vigor en algún momento de 2025.
En un enfoque diferente, Gran Bretaña ha propuesto un código de conducta voluntario para los calificadores ESG antes de una posible regulación. (Reportaje de Huw Jones; Edición de Susan Fenton)
