Las disposiciones que regulan el uso de la tecnología en Hesse y Hamburgo violan el derecho a la autodeterminación informativa, según un comunicado del tribunal constitucional.

A Hesse se le ha dado un plazo hasta el 30 de septiembre para reescribir sus disposiciones, mientras que la legislación en Hamburgo -donde la tecnología aún no estaba en uso- fue anulada.

"Dada la redacción particularmente amplia de las competencias, tanto en lo que se refiere a los datos como a los métodos en cuestión, los motivos de injerencia distan mucho de alcanzar el umbral constitucionalmente exigido de un peligro identificable", dijo el tribunal.

No obstante, el presidente del tribunal, Stephan Harbarth, afirmó que los Estados tienen la opción de "configurar de manera constitucional la base jurídica para el tratamiento posterior de los archivos de datos almacenados".

El ministro de Interior del estado federado de Hesse, Peter Beuth, afirmó que las prácticas actuales deben reforzarse y codificarse, pero acogió con satisfacción la sentencia por reconocer que "el trabajo policial del futuro debe tratar eficazmente grandes cantidades de datos".

Dijo que la tecnología se ha utilizado hasta ahora, entre otras cosas, para investigar la red clandestina acusada de conspirar para derrocar al gobierno alemán en diciembre.

El jefe de estrategia de Palantir en Europa, Jan Hiesserich, afirmó que la empresa estadounidense se limita a proporcionar el software para procesar los datos, no los datos en sí.

"Qué datos son relevantes para la investigación en este contexto lo determinan exclusivamente nuestros clientes de acuerdo con las disposiciones legales pertinentes", declaró al diario Handelsblatt.

La empresa no respondió inmediatamente el jueves a una solicitud de comentarios de Reuters.

La Sociedad Alemana para los Derechos Civiles (GFF), que presentó el caso contra el análisis de datos de la policía, dijo que el software de Palantir utilizaba datos de personas inocentes para formar sospechas y que también podía producir errores, afectando a personas en riesgo de discriminación policial.