La nueva política obliga a las empresas a invertir un mínimo de 500 millones de dólares en el país y les concederá tres años para establecer la fabricación local de vehículos eléctricos con al menos un 25% de los componentes de origen local.
A las empresas que cumplan estos requisitos se les permitirá importar 8.000 VE al año con un derecho de importación reducido del 15% sobre los vehículos que cuesten 35.000 dólares o más. India grava con un impuesto del 70% o del 100% los coches importados en función de su valor.