En 2021, durante el gobierno del ex presidente Jair Bolsonaro, el Congreso de Brasil aprobó un proyecto de ley que levantó su techo de gastos y escalonó el pago de la deuda ordenada por los tribunales con el fin de liberar espacio para gastos de bienestar social antes de las elecciones presidenciales.
La fiscalía general del país dijo en una carta al Tribunal Supremo que las medidas aprobadas creaban "gastos obligatorios con un coste adicional estimado de 41.000 millones de reales al año."
El tope anual para el pago de las facturas ordenadas por los tribunales creó "un volumen significativo y creciente de gastos artificialmente reprimidos", que sólo se pagarán en 2027, dijo en la carta.
Además, la fiscalía general dijo que el escenario actual "enmascara artificialmente la situación de las cuentas públicas, ya que los gastos con pagos aplazados por orden judicial no se incluyen en las estadísticas anuales de deuda pública". (Reportaje de Fabricio de Castro; Redacción de Peter Frontini; Edición de Muralikumar Anantharaman)
