"Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico", declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova, en su canal de Telegram.
"Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo".
El Kremlin no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Maria Lvova-Belova, comisaria rusa para los derechos de los niños, fue como Putin acusada por la CPI del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de Ucrania.
"Es estupendo que la comunidad internacional haya apreciado este trabajo para ayudar a los niños de nuestro país: que no los dejemos en zonas de guerra, que los saquemos, que creemos buenas condiciones para ellos, que los rodeemos de gente cariñosa y atenta", dijo a los periodistas, según la agencia estatal de noticias RIA.
Rusia firmó el Estatuto de Roma en 2000, pero nunca lo ratificó para convertirse en miembro de la CPI, y finalmente retiró su firma en 2016.
En aquel momento, Rusia se encontraba bajo presión internacional por su toma y anexión unilateral de Crimea a Ucrania en 2014, así como por una campaña de ataques aéreos en Siria en apoyo de la guerra del presidente Bashar al Assad contra los rebeldes.
