Bruselas ha retenido 35.400 millones de euros (38.000 millones de dólares) de los fondos de recuperación COVID-19 en una disputa sobre el Estado de derecho, y ha fijado hitos en cuestiones como la independencia judicial y la energía verde que Varsovia debe cumplir para obtener el efectivo.

Las reformas más polémicas para los del bando gobernante polaco se refieren al sistema judicial.

El proyecto de ley supondría que el Tribunal Supremo Administrativo se ocuparía de los casos disciplinarios de los jueces en lugar de una sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, que según los críticos se ha utilizado para castigar a los jueces críticos con las reformas judiciales del gobierno.

También significaría que los jueces no se enfrentarían a medidas disciplinarias por cuestionar la independencia de colegas nombrados por órganos que, según los críticos, están politizados.

Para convertirse en ley, el proyecto debe ser firmado por el presidente Andrzej Duda. También puede vetarlo o remitirlo al Tribunal Constitucional para su revisión.

La cámara baja del parlamento rechazó las enmiendas a la ley propuestas por la cámara alta, lo que significa que pasará al presidente en su forma original.

Duda, aliado del gobierno, ha dicho anteriormente que no aceptaría ninguna norma que permitiera cuestionar la legitimidad de los jueces.

"Ahora continuaremos siguiendo los siguientes pasos del proceso legislativo", dijo en Twitter Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE.

GRANJAS EÓLICAS

El parlamento de la cámara baja también aprobó una legislación que cambia algunas de las normas más estrictas de Europa sobre el desarrollo de parques eólicos, dando marcha atrás a una propuesta del gobierno que había pretendido más que duplicar la capacidad existente. Ese proyecto de ley pasa ahora a la cámara alta.

La relajación de las normas sobre inversión en parques eólicos también figura entre los hitos que Polonia debe superar para desbloquear los fondos de la UE.

Las normas vigentes prácticamente han bloqueado el terreno para la inversión en nuevas turbinas desde 2016, cuando el gobernante Partido Ley y Justicia ordenó que una turbina debía estar a una distancia mínima de 10 veces su altura de los edificios residenciales.

Aunque el Gobierno propuso el año pasado reducir radicalmente esa distancia mínima, la mayoría gobernante volvió a modificarla a un mínimo de 700 metros en el proyecto de ley aprobado el miércoles, una medida que, según los inversores, disuade las inversiones previstas.

Según la Asociación Polaca de Energía Eólica, que agrupa a unos 150 inversores, la enmienda recortará las inversiones potenciales en energía eólica terrestre entre un 60 y un 70%, desalentándolas de hecho.

(1 dólar = 0,9316 euros)