El gobierno de Hong Kong desveló el viernes su propuesta de ley de seguridad nacional, tras una consulta pública de un mes de duración que finalizó la semana pasada. Los dirigentes de la ciudad quieren que se apruebe rápidamente, posiblemente en cuestión de semanas.

¿EN QUÉ CONSISTEN LAS NUEVAS LEYES?

El paquete, conocido como Artículo 23, está diseñado para actualizar o crear nuevas leyes que prohíban la traición, el sabotaje, la sedición, el robo de secretos de Estado y el espionaje. También refuerza potencialmente el control sobre los organismos y organizaciones políticas extranjeras que operan en la ciudad, mediante disposiciones que definen las "fuerzas externas" y proscriben la "injerencia externa". Algunos abogados que analizaron el borrador afirmaron que, a primera vista, los elementos de las penas revisadas para los delitos son similares a los occidentales, pero que algunas disposiciones, como las de sedición y secretos de Estado, eran más amplias y potencialmente más duras.

El proyecto de ley incluye penas de hasta cadena perpetua por traición, insurrección, sabotaje y motín, 20 años por espionaje y 10 años por delitos relacionados con secretos de Estado y sedición, al tiempo que respeta la libertad de expresión y otros derechos de Hong Kong.

La necesidad de esas leyes específicas se estipula brevemente en el artículo 23 de la Ley Básica, el minidocumento constitucional que ha guiado las relaciones de Hong Kong con China desde su entrega del dominio colonial británico en 1997.

Un intento anterior de promulgar el artículo 23 en 2003 fue archivado después de que unas 500.000 personas protagonizaran una protesta pacífica.

¿QUÉ IMPACTO PODRÍA TENER?

Empresas como bancos extranjeros, fondos de cobertura, operaciones de investigación privadas y medios de comunicación, junto con diplomáticos y académicos, están pendientes de la evolución de la situación.

Algunos temen que las leyes restrinjan aún más las libertades de la ciudad, mientras que a otros les preocupa que las leyes definitivas puedan afectar a las operaciones de datos y que las disposiciones sobre secretos de Estado obstaculicen la investigación.

El proyecto de ley crea un nuevo delito de sabotaje consistente en utilizar ilegalmente un ordenador o un sistema electrónico para poner en peligro la seguridad nacional, castigado con 20 años de cárcel.

En el borrador, la definición de secretos de Estado parece bastante amplia, según algunos abogados, que afirman que incluye secretos militares, de seguridad y diplomáticos, así como información clasificada de carácter social, económico y tecnológico relacionada con los gobiernos chino y hongkonés, y sus relaciones.

Algunos analistas y diplomáticos temen que la investigación sobre la política, la economía y el ejército chinos y las investigaciones de diligencia debida sobre personas y empresas de la China continental - todas ellas llevadas a cabo tradicionalmente por algunas empresas y académicos de Hong Kong - puedan adentrarse en áreas de secreto de Estado.

Pero aunque los tipos de información incluidos son amplios, el proyecto de ley sigue estipulando que debe tratarse de información secreta y que amenazaría la seguridad nacional si se divulgara.

El proyecto de ley prevé defensas de interés público, pero el umbral parece alto: "hacer la divulgación supera manifiestamente el interés público que se persigue al no hacerla".

El dirigente hongkonés John Lee ha declarado que las leyes cumplirán las normas internacionales y protegerán los derechos y libertades de Hong Kong.

¿HONG KONG NO ESTÁ YA SUJETO A LAS LEYES DE SEGURIDAD NACIONAL?

Sí. Tiene varias leyes antiguas, vagas y arcanas de sus días como colonia británica que siguen en los libros.

Pekín también impuso una amplia ley de seguridad nacional en 2020, alegando que era necesaria para aportar estabilidad a Hong Kong tras meses de protestas prodemocráticas en 2019.

Esa ley sólo se ocupaba de algunos delitos, como la connivencia con fuerzas extranjeras, y también permitía por primera vez que oficiales de la seguridad nacional continental tuvieran su base en la ciudad.

También creó una disposición por la que los sospechosos podían ser enviados para ser juzgados en el continente, donde los tribunales están bajo el control del gobernante Partido Comunista.

La ley de 2020 puso de relieve la necesidad de que Hong Kong continúe su trabajo sobre el artículo 23, creando una legislación local. Altos funcionarios de Hong Kong afirman que es necesario para colmar las lagunas legales, en particular las que se refieren a lo que describen como "resistencia blanda" tras las protestas de 2019, y al control de Internet.

El jefe de seguridad, Chris Tang, ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno necesita mejores herramientas para hacer frente al espionaje y a las actividades de los agentes extranjeros en la ciudad.

¿CHINA NO TIENE YA UNA LEY SOBRE SECRETOS DE ESTADO?

Reflejando las prioridades del presidente Xi Jinping, China actualizó su propia ley de secretos de Estado en 2023, prohibiendo la transferencia de cualquier información relacionada con la seguridad nacional y ampliando la definición de espionaje. Algunos analistas afirman que sigue siendo vaga.

La versión propia de Hong Kong debe tratar los secretos de Estado pero con una legislación compatible con las normas del derecho consuetudinario de base británica, del que sigue formando parte.

¿SE APROBARÁN FÁCILMENTE LAS NUEVAS LEYES?

A diferencia de las tensiones que rodearon al proyecto de ley en 2003, se espera que el proyecto definitivo del artículo 23 se apruebe con relativa rapidez, tras las lecturas formales del proyecto y algún debate en el Consejo Legislativo, mayoritariamente pro-Pekín. Los cambios introducidos en el sistema electoral de Hong Kong a partir de 2019 significan que las figuras favorables al establishment, calificadas de "patriotas", controlan este órgano. (Reportaje de Greg Torode, Jessie Pang y James Pomfret; edición de Michael Perry y Miral Fahmy)