Aliyev, de 61 años, fue reelegido por última vez en 2018 para un mandato de siete años, con un declarado 86% de los votos, en unos comicios boicoteados por los principales partidos de la oposición.

Con la disidencia política ampliamente reprimida, es casi seguro que ganará un nuevo mandato al frente del Estado rico en petróleo del mar Caspio cortejado por Rusia, Turquía y Occidente.

En septiembre ordenó una ofensiva relámpago, tras nueve meses de bloqueo, para arrebatar el control total de Nagorno Karabaj a los armenios étnicos que lo habían dirigido durante más de tres décadas.

Fue el segundo asalto con éxito de Bakú al territorio controlado por la etnia armenia en tres años, y finalmente anuló lo que Aliyev y la mayoría en Azerbaiyán consideraban un error histórico de la secesión de facto de Karabaj en un sangriento conflicto étnico que acompañó al colapso de la Unión Soviética. Casi todos los aproximadamente 120.000 armenios étnicos de la región huyeron.

Ayudado por la riqueza petrolera de su país, Aliyev ha establecido una sólida alianza con el presidente turco Tayyip Erdogan al tiempo que se las arregla para mantener relaciones de trabajo tanto con Rusia como con Occidente, profundamente enfrentados por la guerra de Moscú en Ucrania.

Las empresas energéticas occidentales como BP están muy expuestas a Azerbaiyán, que forma parte del pacto "OPEP+" entre el club de productores de petróleo de la OPEP y otros exportadores clave como Rusia para restringir la producción con el fin de sostener los precios mundiales.

Aliyev ha dirigido Azerbaiyán de forma autoritaria desde 2003, cuando sucedió a su padre Haydar. Como resultado de un referéndum constitucional celebrado en 2009, no hay límite en el número de mandatos que puede ejercer.

En las últimas semanas, al menos seis periodistas independientes han sido detenidos, entre ellos tres de Abzas Media, un medio independiente en línea conocido por sus reportajes de investigación.

La organización Reporteros sin Fronteras (RSF) sitúa a Azerbaiyán en el puesto 151 de 180 países en su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa; los grupos internacionales de defensa de la libertad de prensa describieron las detenciones como un intento de silenciar la información sobre la corrupción.