El sábado pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su último decreto presidencial sobre el litio, estableciendo una zona minera de litio de más de 235.000 hectáreas (900 millas cuadradas) en el norte del estado de Sonora, declarando que las concesiones existentes dentro de ella "permanecen seguras".
Pero la orden también declaraba que "no se puede llevar a cabo ninguna actividad minera relacionada con el litio" dentro de esta zona.
El decreto podría allanar el camino para que la recién creada empresa estatal mexicana obtenga los derechos exclusivos para explotar las reservas locales del metal blanco, codiciado por los fabricantes de baterías recargables de todo el mundo, señalaron expertos y analistas del sector.
"Es contraintuitivo declarar que (el litio) está reservado al Estado, pero que se respetarán las concesiones ya otorgadas", dijo Fernando Quesada, abogado con amplia experiencia en proyectos extractivos en México.
Añadió que el nuevo decreto podría significar que el gobierno utilice su poder de expropiación como herramienta para forzar negociaciones con empresas que ya tienen concesiones en la zona, como la minera china de litio y fabricante de baterías Ganfeng, que controla el proyecto de litio más avanzado de México.
El año pasado, los aliados de López Obrador en el Congreso promulgaron una amplia nacionalización del litio con el objetivo de garantizar que México pueda beneficiarse de la creciente demanda del metal ultraligero, necesario para alimentar las futuras flotas de vehículos eléctricos.
Desde que asumió el cargo a finales de 2018, López Obrador ha rechazado nuevas inversiones privadas en petróleo y gas, incluidas incluso las asociaciones de empresas conjuntas entre la estatal Pemex y posibles productores privados. Es posible que vea el litio de la misma manera, y algunos expertos describen la política del metal como un eco de su enfoque más amplio centrado en el Estado con respecto a los productos básicos considerados estratégicos.
Armando Alatorre, geólogo y experto en litio, dijo que el último decreto podría dar lugar a más cambios para las concesiones existentes, y argumentó que el establecimiento de una nueva zona minera legal superpuesta a las concesiones mineras existentes es una receta para la confusión.
"Crea mucha incertidumbre para los inversionistas", dijo.
Ni la oficina de López Obrador ni el Ministerio de Economía de México, que participó en el decreto, respondieron a una solicitud de comentarios.
Creada en agosto pasado, la empresa estatal LitioMx probablemente lanzará nuevos esfuerzos de exploración en la nueva zona minera, dijeron analistas de BTG Pactual en una nota de investigación. Pero dijeron que aún no está claro si esos esfuerzos se llevarán a cabo solos o en asociación con actores privados.
"Es razonable esperar que las ubicaciones recién definidas puedan ser adjudicadas a LitioMx", según la nota de investigación.
Los estudios sugieren que México puede albergar unos 1,7 millones de toneladas de litio, pero esos yacimientos están atrapados en su mayor parte en suelos arcillosos.
Hasta la fecha, no se ha llevado a cabo ninguna extracción de litio a escala comercial a partir de suelos arcillosos, lo que significa que los yacimientos mexicanos probablemente requerirán nueva tecnología, inversiones adicionales y quizá plantas de procesamiento in situ.
BTG Pactual subrayó que LitioMx carece de la "capacidad, tecnología o conocimientos mineros" necesarios.
Tales plantas requerirían un importante compromiso de gasto dada su complejidad, dijo el analista de energía y minería Ramsés Pech.
Enfatizó la necesidad de minimizar los riesgos políticos asociados con el último decreto del gobierno, si el litio mexicano tiene alguna esperanza de transformar su potencial en bruto en una industria próspera con un horizonte a largo plazo.
"Tienen que dar la certeza de que las reservas que están concediendo se podrán seguir explotando durante años", dijo.
