Alrededor de 300 delegados se reúnen durante dos días en la capital, Uagadugú, para perfilar los planes para devolver al país de África Occidental a un régimen constitucional.
Burkina Faso está luchando contra una violenta insurgencia protagonizada por grupos vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico que comenzó en el vecino Malí en 2012 y se ha extendido a otros países al sur del desierto del Sáhara.
La violencia ha matado a miles de personas, ha desplazado a casi dos millones y ha alimentado la inestabilidad política.
La frustración por la creciente inseguridad ha provocado dos golpes de Estado en Burkina Faso este año, y dos en Malí desde 2020.
Se esperaba que Traore, el capitán que lideró el golpe del 30 de septiembre, fuera nombrado jefe del gobierno interino de Burkina Faso.
Eso se confirmó cuando los delegados adoptaron un artículo de una carta que decía que el jefe del Movimiento Patriótico de Salvaguarda y Restauración (MPSR), el grupo de oficiales liderado por Traore, será el presidente de la transición, según cuatro fuentes de la sala.
Traore se ha comprometido en declaraciones a cumplir un calendario de transición democrática acordado entre su predecesor, Paul-Henri Damiba, y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para restablecer el orden constitucional en julio de 2024.
La carta de transición propuesta por la nueva junta se ajusta a la anterior, aprobada durante una reunión similar después de que Damiba tomara el poder en enero.
Establece que el presidente interino no podrá presentarse a las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que marquen el final de su mandato.
La CEDEAO se esfuerza por facilitar la vuelta al orden constitucional en Burkina Faso, Guinea y Malí, países que han sufrido golpes de estado militares desde 2020.
Los golpes, incluido uno en Chad, han suscitado la preocupación de un retroceso de la democracia en África Occidental y Central con el telón de fondo de la insurgencia islamista rampante.
