Las normas forman parte de un impulso de la UE para desarrollar una política comercial más asertiva e insistir en el juego limpio tras el dolor del Brexit, los enfrentamientos con la presidencia de Trump y un nuevo realismo sobre China.
Los legisladores del Parlamento Europeo y Francia, que ostenta la presidencia de turno de la UE, acordaron el lunes un texto que allana el camino para la puesta en marcha del Instrumento de Contratación Internacional (IPI) a finales de este año.
El ministro francés de Comercio, Franck Riester, afirmó que Europa se aleja de la ingenuidad y se ocupa de sus propias empresas e insiste en la reciprocidad.
Según la propuesta, la Comisión Europea determinará si los terceros países permiten un acceso justo a sus licitaciones públicas a las empresas de la UE y, en caso contrario, buscará soluciones.
En caso contrario, la UE aplicaría sanciones a las empresas de ese país, como añadir hasta un 100% al precio de la oferta durante el proceso de selección.
Las normas se aplicarían a los gobiernos centrales y a cualquier autoridad local con 50.000 habitantes o más y cubrirían las licitaciones de al menos 15 millones de euros para obras y concesiones, como la construcción de carreteras, y 5 millones de euros para bienes y servicios.
Sólo se permitirían exenciones si las únicas ofertas procedieran de países seleccionados o en casos de interés público superior, como la sanidad.
En algunos casos, la UE podría incluso excluir las ofertas de determinados países.
El IPI, propuesto por primera vez en 2012, estuvo bloqueado durante años, pero la Comisión instó a los gobiernos de la UE y al Parlamento en 2019 a reanudar las conversaciones sobre un texto revisado, haciendo hincapié en el reto que supone China, a la que los miembros de la UE miran ahora con más recelo.
(1 dólar = 0,9112 euros)
