El ministro de Asuntos Exteriores de Mali, Abdoulaye Diop, hizo la petición durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, citando una "crisis de confianza" entre las autoridades malienses y la misión de la ONU conocida como MINUSMA, que lleva una década en el país.

"Estados Unidos lamenta la decisión del gobierno de transición de Malí de revocar su consentimiento para la MINUSMA", declaró el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. "La retirada de la MINUSMA debe ser ordenada y responsable, dando prioridad a la seguridad de las fuerzas de paz y de los malienses".

"Nos preocupan los efectos que esta decisión tendrá sobre la seguridad y las crisis humanitarias que afectan al pueblo maliense", afirmó en un comunicado.

Mali ha luchado para frenar una insurgencia islamista que arraigó tras un levantamiento en 2012. La MINUSMA fue desplegada por el Consejo de Seguridad de la ONU en 2013 para apoyar los esfuerzos extranjeros y locales para restaurar la estabilidad.

Las frustraciones por la creciente inseguridad provocaron dos golpes de Estado en 2020 y 2021, y la junta gobernante se ha enfrentado cada vez más con la MINUSMA y otros aliados internacionales, incluida Francia.

La junta ha quemado puentes con los aliados occidentales tradicionales y ha recurrido a Rusia en busca de ayuda para impulsar sus capacidades militares.

Estados Unidos "seguirá trabajando con nuestros socios en África Occidental para ayudarles a abordar los urgentes retos de seguridad y gobernanza a los que se enfrentan", declaró Miller. "Damos la bienvenida a nuevas consultas con los líderes regionales sobre pasos adicionales para promover la estabilidad y prevenir el conflicto".

Los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU habían empezado a debatir un proyecto de resolución para prorrogar el mandato de la MINUSMA, que expira el 30 de junio. No estaba claro qué ocurriría ahora.

El enviado especial de la ONU a Mali, El-Ghassim Wane, dijo el viernes que sería "extremadamente difícil, si no imposible" operar en un país sin el consentimiento de las autoridades gubernamentales.