"Sigue habiendo muchas incertidumbres en torno a la economía, ahora alimentadas por la crisis de Ucrania, y por ello debemos estar atentos a la evolución de los préstamos, más aún ahora que se van a empezar a levantar los periodos de carencia de los préstamos garantizados por el ICO", dijo la subgobernadora Margarita Delgado.
En 2020, el Gobierno aprobó hasta 140.000 millones de euros (155.390 millones de dólares) en las llamadas líneas de liquidez del ICO, en las que España garantizaba hasta el 80% de los préstamos que se canalizaban a través de los bancos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos.
El martes, el Gobierno aprobó una nueva línea de 10.000 millones de euros en préstamos blandos, con una congelación de 12 meses en los reembolsos, o los llamados periodos de carencia, en los que las empresas deben pagar sólo los intereses y no el principal del préstamo.
En los préstamos COVID-19 existentes, el gobierno ha ampliado de forma general los vencimientos entre ocho y diez años y ha prolongado automáticamente los periodos de gracia en seis meses.
Delgado dijo el martes que esperaba que las empresas empezaran a experimentar la carga financiera del reembolso de los préstamos en el segundo trimestre.
En cuanto a los préstamos dudosos, Delgado dijo que durante 2021 el volumen de activos improductivos siguió la tendencia a la baja de los últimos años, "aunque a un ritmo mucho menor del que se venía produciendo antes de la pandemia".
En enero, la morosidad de los bancos españoles se situaba en el 4,32%, aún lejos de su pico del 13,6% en diciembre de 2013.
Sin embargo, Delgado dijo que el crecimiento de los préstamos sujetos a vigilancia especial, o considerados de alto riesgo crediticio, se había moderado en la última mitad del año pasado, "aunque sigue creciendo a tasas de dos dígitos."
(1 dólar = 0,9010 euros)
