La CPI ya tiene una investigación en curso sobre el este del Congo desde 2004 y no está claro si la nueva remisión cambiaría el enfoque del tribunal.
"El gobierno de la RDC sigue profundamente preocupado por el sufrimiento de las poblaciones de la parte de su territorio afectada por los actos a los que se refiere este caso", declaró el Ministerio de Justicia del Congo en un comunicado.
El objetivo de la remisión sería investigar y procesar a cualquier persona implicada en violaciones de los derechos humanos entre 2022 y 2023, añadió.
El grupo rebelde M23, dirigido por tutsis, lanzó una nueva ofensiva en el este del Congo en marzo del año pasado, apoderándose de ciudades y pueblos en la zona fronteriza con Uganda. Los combates obligaron a huir a más de un millón de personas.
El Congo ha acusado a la vecina Ruanda de respaldar al M23. El gobierno de Ruanda ha negado cualquier implicación.
La fiscalía de la CPI no ha dado más detalles que los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde julio de 2002 en la región de Ituri y en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur.
Hasta la fecha, la CPI ha condenado a tres líderes diferentes de milicias congoleñas, uno por crímenes de guerra y los otros por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su papel en las atrocidades cometidas en el este de la RDC.
Está previsto que el fiscal de la CPI, Karim Khan, visite Kinshasa y las provincias congoleñas afectadas por los grupos rebeldes del 28 al 31 de mayo.
