Túnez, que se enfrenta a una crisis financiera, pretende llegar a un acuerdo sobre un préstamo de 4.000 millones de dólares del FMI a cambio de un impopular paquete de reformas para apuntalar sus maltrechas finanzas públicas.
La declaración del FMI se produce después de que Jihad Azour, director del Departamento de Oriente Medio y Asia Central del Fondo, se reuniera con el presidente Kais Saied y la primera ministra Najla Bouden.
"El programa nacional de reformas anunciado por el gobierno logra varios beneficios, como el aumento de la credibilidad, lo que hace que las posibilidades de éxito sean mayores que en el pasado", dijo Azour en el comunicado.
"Tras meses de discusiones técnicas con las autoridades tunecinas, el FMI está preparado para iniciar las negociaciones sobre el programa en las próximas semanas", añadió.
El plan de reforma de Túnez incluye la congelación de los salarios, el cese de las contrataciones en el sector público, el recorte de las subvenciones a la energía y a los alimentos y la venta de algunas acciones de las empresas estatales.
Pero el poderoso sindicato UGTT ha rechazado enérgicamente el programa propuesto y lanzó la semana pasada una huelga nacional en las empresas públicas.
El sindicato, que cuenta con cerca de un millón de miembros, dijo que planea lanzar una huelga nacional también en la administración pública.
La huelga de la semana pasada agravó los retos a los que se enfrenta el presidente Saied, que ha reforzado su control del poder desde julio de 2021, cuando congeló el parlamento y destituyó al gabinete, medidas que sus oponentes calificaron de golpe de estado contra la joven democracia tunecina.
Desafiando a sus oponentes, Saied pretende ahora revisar la constitución para que el presidente tenga más poder.
