La flexibilización prevista, que debe someterse al Parlamento, se aplica a la obligación de declararse insolvente en caso de sobreendeudamiento.
Las empresas quedarán exentas de ello si pueden demostrar que su negocio cuenta con financiación para los próximos cuatro meses, en lugar del requisito actual de 12 meses.
Crece la preocupación de que la mayor economía de Europa pueda estar acercándose a una oleada de insolvencias, ya que las industrias especialmente intensivas en energía soportan el peso de los cortes del suministro de gas ruso.
Durante la pandemia del COVID-19, el gobierno alemán flexibilizó las normas de insolvencia de forma más general, eximiendo a las empresas tanto en casos de sobreendeudamiento como de insolvencia financiera.
Miembros de los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz han pedido una acción similar en esta ocasión, lo que abre la posibilidad de que la reforma legislativa aún pueda modificarse.
