Casi tres cuartas partes de los más de 500 líderes empresariales encuestados afirmaron que sus empresas se habían visto obligadas a comprometer sus esfuerzos en materia de sostenibilidad, según el Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

El aumento de los precios de la energía y otros costes empresariales crecientes fueron la razón principal, citada por el 61% de los encuestados como causa de un lastre en sus esfuerzos de sostenibilidad, mientras que el 42% mencionó el impacto de la pandemia y el 40% dijo que el coste de las barreras comerciales como el Brexit y las relaciones entre EE.UU. y China habían afectado a sus objetivos.

"La perturbación sin precedentes de los últimos años ha llevado a muchas empresas a centrarse únicamente en mantener las luces encendidas", afirmó David Taylor, Director de Operaciones de CIPS, que representa a los profesionales de la gestión de compras y suministros a nivel mundial.

La investigación se llevó a cabo del 6 al 11 de abril, con al menos 250 de los ejecutivos de grandes empresas con cientos de empleados.

Los inversores, así como los consumidores, se sienten cada vez más atraídos por las empresas que pueden demostrar una mejor alineación con los objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza, como la disminución de las emisiones de carbono o la reducción del despilfarro en las cadenas de suministro.

El CIP señala que sólo el 12% de los líderes empresariales afirman que incentivan a los proveedores para que alcancen objetivos de sostenibilidad, a pesar de que el 85% cree que no logrará alcanzar dichos objetivos sin el compromiso de los proveedores.

El gobierno británico ha tratado de posicionarse como centro neurálgico de las finanzas sostenibles con el objetivo de convertirse en el primer centro financiero del mundo con alineación neta cero.

En diciembre, Gran Bretaña puso en pausa su taxonomía para orientar a las empresas sobre inversiones ecológicas, alegando que se trataba de un ejercicio complejo vinculado a múltiples sectores de la economía.

Las taxonomías establecen las condiciones para etiquetar una actividad como "sostenible" y ayudan a delinear qué es y qué no es una inversión verde con el fin de acabar con el "lavado verde", en el que las organizaciones exageran sus credenciales medioambientales.