El Ministerio del Interior dijo que las empresas que no logren disuadir el fraude se enfrentarán a medidas coercitivas en virtud de los nuevos planes y que los fiscales no tendrán que demostrar que los jefes de la empresa ordenaron o conocían la actividad fraudulenta de un trabajador.
"Si el fraude lo comete un empleado de una organización, ésta deberá poder demostrar que contaba con medidas razonables para disuadir del delito o se arriesgará a recibir una multa ilimitada", dijo el gobierno en un comunicado.
La nueva medida se añadirá a un texto legislativo, el Proyecto de Ley sobre Delitos Económicos y Transparencia Empresarial, que actualmente se está tramitando en el parlamento británico. Las nuevas medidas siguen sujetas a la aprobación de los legisladores.
"Nuestro nuevo delito de no prevención del fraude protegerá a los consumidores de las prácticas de venta deshonestas y engañosas, y nivelará el terreno de juego para la mayoría de las empresas que se comportan de forma responsable", declaró el ministro de Seguridad, Tom Tugendhat.
Los activistas acogieron favorablemente la ley en términos generales, pero expresaron su preocupación por la exención para las pequeñas y medianas empresas.
"La introducción de este delito es un hito importante para el Reino Unido", dijo Susan Hawley, directora ejecutiva de Spotlight on Corruption, un grupo sin ánimo de lucro.
"Si este delito hubiera estado en vigor en el momento de la crisis financiera, por ejemplo, habría permitido procesar eficazmente a los bancos por sus malas prácticas", dijo, refiriéndose a la crisis financiera mundial de hace 15 años.
