Jaroslaw Kaczynski omitió parte del juramento en su comparecencia ante la comisión, que investiga si el anterior gobierno pirateó ilegalmente los teléfonos de objetivos entre los que se encontraban opositores políticos, en medio de un creciente escándalo por el uso del programa espía Pegasus.
La comisión dijo que solicitaría a un tribunal que se multara a Kaczynski por negarse a prestar juramento en su totalidad.
Como líder del partido, Kaczynski fue visto como el gobernante de facto de Polonia durante gran parte de los ocho años del partido Ley y Justicia (PiS) en el poder, que finalizaron en 2023, aunque no ocupó ningún cargo oficial en el gobierno durante gran parte del tiempo.
La comparecencia ante la comisión de la antaño aparentemente intocable eminencia grise de la política polaca fue el símbolo más potente hasta la fecha de la determinación del nuevo gobierno proeuropeo de pedir cuentas a aquellos a los que acusa de haber obrado mal.
Kaczynski justificó su negativa a prestar un juramento completo remitiéndose a un artículo del reglamento de las comisiones parlamentarias que dice que un testigo no puede revelar información secreta o de alto secreto sin obtener permiso de la autoridad competente.
"No prometo decir todo lo que sé, porque sencillamente no puedo hacerlo sin permiso del primer ministro", dijo Kaczynski.
Dijo que, hasta donde él sabía, Pegasus no había sido utilizado contra altos funcionarios del Estado y que no le había dado mucha importancia.
Las informaciones publicadas en 2021 por Associated Press según las cuales el software, desarrollado por NSO Group, con sede en Israel, se utilizó para piratear los teléfonos de críticos con el gobierno, incluido el jefe de la campaña electoral del que entonces era el mayor partido de la oposición polaca, suscitaron acusaciones de que los servicios de seguridad erosionaban las normas democráticas.
Sin embargo, más recientemente las acusaciones han adquirido una nueva dimensión debido a los informes de los medios de comunicación según los cuales miembros del antiguo partido gobernante fueron ellos mismos víctimas del pirateo telefónico.
De confirmarse, estos informes podrían hacer saltar por los aires a una oposición que hasta ahora se ha mantenido unida en la defensa de su historial y de las actuaciones de los ministros que, según el nuevo gobierno, infringieron la ley.
