Ambas partes cerraron un acuerdo preliminar en marzo, lo que alegró a miles de empresas que se encontraron en un marasmo legal después de que el máximo tribunal europeo anulara un acuerdo previo de transferencia de datos en 2020 por la preocupación de que las agencias de inteligencia estadounidenses accedieran a los datos de los europeos. Fue el segundo veto judicial de este tipo.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, siguió en octubre con una orden ejecutiva que establecía nuevas salvaguardias sobre las actividades de recopilación de información de los servicios de inteligencia estadounidenses y creaba un sistema de reparación en dos pasos, primero ante un organismo de control de las agencias de inteligencia y después ante un tribunal con jueces independientes.

El responsable de Justicia de la Comisión Europea, Didier Reynders, declaró que el proyecto de decisión de adecuación demuestra que las salvaguardias estadounidenses ofrecen a los ciudadanos europeos el mismo nivel de protección de datos que la legislación de la UE.

"Nuestro análisis ha demostrado que en Estados Unidos ya existen salvaguardias sólidas que permiten la transferencia segura de datos personales entre ambos lados del Atlántico", declaró Reynders en un comunicado.

"El futuro Marco ayudará a proteger la privacidad de los ciudadanos, al tiempo que proporcionará seguridad jurídica a las empresas", añadió.

El activista austriaco de la privacidad Max Schrems, cuya campaña sobre el riesgo de que las agencias de inteligencia estadounidenses accedan a los datos de los europeos en una larga disputa con Meta condujo a los vetos judiciales, dijo que las salvaguardias estadounidenses no eran adecuadas para los no estadounidenses.

"No veo cómo esto sobreviviría a una impugnación ante el Tribunal de Justicia. Parece que la Comisión Europea se limita a emitir decisiones similares una y otra vez, en flagrante violación de nuestros derechos fundamentales", afirmó en un comunicado.

El organismo de control de la protección de datos de la UE, la Oficina Europea de Protección de Datos, los países de la UE y los legisladores comunitarios ofrecerán ahora dictámenes no vinculantes en un proceso que probablemente durará unos seis meses, y se espera que la decisión final de la UE sobre la adecuación se adopte antes del próximo verano.