No se informó de anomalías en ninguna planta nuclear, aunque las autoridades habían dicho anteriormente que se había disparado una alarma de incendio en un edificio de turbinas de la planta de Fukushima Daiichi que quedó paralizada en el terremoto y el tsunami de 2011.

Ese desastre paralizó la central nuclear de Fukushima y mató a casi 16.000 personas.

En el undécimo aniversario de ese terremoto, a principios de este mes, algunos legisladores del partido gobernante instaron al gobierno a acelerar la reanudación de las centrales nucleares aún cerradas por motivos de seguridad.

Sin embargo, la confianza del público aún no se ha restablecido del todo, lo que supone un reto para el impulso del primer ministro Fumio Kishida de volver a poner en marcha las centrales inactivas de Japón.

Una encuesta realizada por el diario Asahi en febrero mostró que el 47% de los encuestados se oponía a reanudar los reactores nucleares de Japón, mientras que el 38% los apoyaba, aunque esa diferencia se ha reducido en los últimos años.

Tatsujiro Suzuki, ex vicepresidente de la Comisión de Energía Atómica del Gabinete, dijo que la mala comunicación con el público seguía siendo un problema para Japón en comparación con los esfuerzos de Estados Unidos y Francia.

"No hay buenos canales de comunicación entre la industria, los reguladores y el público local", dijo Suzuki, profesor de la Universidad de Nagasaki, a Reuters, y pidió un plan legal para proporcionar herramientas de comunicación mutua.

Tras lo ocurrido en 2011, Japón ha establecido normas de seguridad más estrictas y ha endurecido la regulación con un supervisor independiente de la industria de la energía nuclear. Las barreras contra tsunamis y las puertas a prueba de mareas son ahora obligatorias, así como la protección de los generadores de reserva para evitar cualquier enfriamiento del núcleo del reactor.

La energía de las centrales nucleares se redujo casi a cero en 2014 tras el desastre de Fukushima, pero ahora se sitúa en torno al 3% de la producción total de energía. El gobierno quiere ampliarlo al 20%-22% para 2030.

Ahora sólo funcionan seis reactores, frente a los 54 que había antes del desastre de Fukushima. Muchos otros todavía están pasando por un proceso de renovación de licencias bajo normas de seguridad más estrictas.

"Las centrales nucleares ya no son necesariamente una fuente de energía estable. Si se produce un terremoto, existe el riesgo de que haya que cerrarlas", dijo Suzuki.