El anuncio del viernes por parte del fiscal general de Georgia, Chris Carr, marcó el último caso de un estado que se abstiene de participar en los acuerdos históricos con J&J, McKesson Corp, AmerisourceBergen Corp y Cardinal Health Inc.

"Confiamos en que unirnos al acuerdo en este momento resultará beneficioso para nuestro estado, nuestros ciudadanos y nuestras comunidades, mientras continuamos nuestra lucha para acabar con esta epidemia y abordar el daño generalizado que ha causado", dijo Carr.

AmerisourceBergen dijo que estaba "encantada de ver el aumento del compromiso de participación en el proceso de acuerdo global". J&J se refirió a una declaración anterior en la que decía que el acuerdo apoya los esfuerzos estatales y locales para hacer frente a la epidemia.

Están pendientes más de 3.300 demandas, en su mayoría de gobiernos estatales y locales, que buscan responsabilizar a esas y otras empresas de una crisis de abuso de opioides que ha provocado cientos de miles de muertes por sobredosis.

Según una propuesta presentada en julio, los distribuidores y J&J acordaron pagar hasta 21.000 millones de dólares y 5.000 millones de dólares, respectivamente.

La cantidad que las empresas deban pagar en última instancia y los litigios pendientes a los que se enfrentarán dependen de la participación de los gobiernos estatales y locales.

Los partidarios del acuerdo ampliaron recientemente hasta el 26 de enero el plazo para que las ciudades y los condados de los estados que respaldaron la propuesta se adhirieran a los acuerdos, citando la posibilidad de que se unan más estados.

Nevada lo hizo el martes y Nuevo México respaldó en diciembre el acuerdo de los distribuidores. Quedan cinco estados con los que las distribuidoras tienen que lidiar, incluido el estado de Washington, que las ha llevado a juicio.

Seis estados no han llegado a un acuerdo con
J&J, incluido Nuevo Hampshire, donde un juez despejó el viernes el camino https://tmsnrt.rs/3q0dQWl para que el estado lleve a J&J a juicio el 1 de febrero por crear una molestia pública.