La oficina de auditoría, conocida como el Tribunal de Cuentas, reiteró que es vital que Francia, la segunda economía de la zona euro, reduzca su déficit público.
"Debido a los retrasos en la realización de verdaderas reformas estructurales, el coste de la deuda pública, agravado por los déficits recurrentes y el peso de estos déficits, se ha encarecido cada vez más", declaró.
Esto "ha obstaculizado otros gastos, dificulta la capacidad de realizar inversiones y deja al país peligrosamente expuesto en caso de un nuevo choque macroeconómico", añadió.
Afirmó que los programas de financiación pública de Francia no tenían debidamente en cuenta los costes vinculados a las políticas destinadas a proteger el medio ambiente, como el uso de más energías renovables.
El mes pasado, la Comisión Europea dijo que Francia y otros seis países debían ser sancionados por registrar déficits presupuestarios superiores a los límites de la UE, y que en noviembre se fijarían los plazos para reducir los desfases.
Francia tenía un desfase presupuestario del 5,5% del producto interior bruto (PIB) en 2023, superior al 4,8% de 2022 y por encima del límite de déficit del 3% establecido por la UE.
La deuda pública francesa era del 110,6% del PIB en 2023. La Comisión Europea prevé que aumente al 112,4% este año y al 113,8% en 2025, mientras que el límite de la UE es del 60%.
El gobierno del presidente Emmanuel Macron se ha comprometido a cumplir el límite de déficit de la UE del 3% para 2027, pero las perspectivas se han complicado por las elecciones parlamentarias de este mes que dieron como resultado un parlamento indeciso.
Las agencias de calificación crediticia Moody's y S&P Global han advertido de las repercusiones negativas para la economía francesa del bloqueo político, en el que ningún partido político obtuvo una mayoría absoluta. (Reportaje de Sudip Kar-Gupta; edición de Jason Neely)
