El gobierno estadounidense pidió la semana pasada a México que investigara el asunto en el marco del pacto comercial Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés), citando la petición del sindicato mexicano, conocido como Los Mineros, y de dos importantes organizaciones sindicales estadounidenses.
Los grupos argumentaron que las operaciones de Grupo México en la mina San Martín, en el estado de Zacatecas, que tiene plomo, zinc y cobre, violan una huelga que comenzó en 2007, y que la empresa ha negociado con empleados que no tenían derecho a representar formalmente a la fuerza laboral de la mina.
Las operaciones se reanudaron en 2018 cuando, según Grupo México, la mayoría de los trabajadores votaron a favor de volver a sus puestos de trabajo y retiraron su apoyo al sindicato en huelga.
Las autoridades laborales mexicanas reconocieron ese voto como válido, añadió la empresa en su presentación del miércoles ante la bolsa de valores del país.
"El levantamiento de la huelga... fue resultado de la decisión libre y mayoritaria de los trabajadores", dijo Grupo México en el comunicado.
En una carta enviada el viernes a funcionarios mexicanos, el Representante Comercial de Estados Unidos dijo que le preocupaba que se negara a los trabajadores el derecho a la libre asociación y a la negociación colectiva.
"Parece que la Instalación está llevando a cabo una producción normal durante una huelga en curso, sin esperar la autorización apropiada de los tribunales mexicanos", decía la carta.
"El movimiento de huelga y sus demandas son totalmente legales", dijo el sindicato de mineros en un comunicado el viernes tras la queja estadounidense.
El gobierno de México tenía 10 días a partir del viernes para determinar si aceptaba el caso para su revisión, y aún no ha hecho comentarios al respecto.
Desde que reanudó sus operaciones, la unidad minera San Martín ha recibido más de 105 millones de dólares en inversiones, produce 1,25 millones de toneladas de minerales al año y genera cerca de 1.300 empleos, dijo Grupo México.
El caso es la undécima queja laboral de Estados Unidos en México en el marco del pacto comercial 2020, que también pretende mejorar las condiciones laborales en toda Norteamérica.
