El gobierno ha propuesto, en el presupuesto de 2023, proteger parcialmente a los minoristas de esas tasas suprimiendo las sanciones si sólo aceptan pagos en efectivo inferiores a 60 euros (63 dólares).
Sin embargo, se considera que la medida va en contra del espíritu de los compromisos adquiridos con la UE y fomenta la evasión fiscal en un país donde se evaden unos 100.000 millones de euros al año.
"Una opción que se está debatiendo es utilizar los recursos procedentes de una contribución de solidaridad que pesa sobre los bancos para rebajar esas tasas", declaró el legislador oficialista Tommaso Foti.
Foti pertenece al partido Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni. Habló al final de una reunión con Meloni y figuras clave de la coalición sobre el presupuesto para 2023.
Maurizio Lupi, líder de un pequeño partido centrista dentro de la coalición, añadió que Roma estaba buscando la forma de eliminar las comisiones bancarias para los pagos digitales inferiores a 15 ó 20 euros.
En el presupuesto para 2023, el gobierno también ha propuesto elevar el límite de los pagos en efectivo a 5.000 euros desde el umbral anterior de 1.000 euros, con efecto a partir del próximo año.
El Banco de Italia advirtió el lunes de que reducir las restricciones reglamentarias al uso de efectivo alimentaría la economía sumergida y dificultaría la represión de los defraudadores fiscales.
Un día antes, Meloni dijo que su gobierno podría suavizar sus planes de favorecer el efectivo frente a las tarjetas de crédito para los pequeños pagos, tras mantener conversaciones con la Comisión Europea.
En su plan de recuperación post-COVID financiado por la UE, Italia prometió a la Comisión Europea reducir la llamada "brecha fiscal" -la diferencia entre la deuda tributaria potencial y la cantidad de impuestos pagados- al 15,7% desde el 18,5% en 2019, algo que implica recuperar alrededor de 7.000-8.000 millones de euros de impuestos evadidos para 2024.
(1 dólar = 0,9535 euros)
