Gran Bretaña ha llegado a un acuerdo de 148 millones de dólares con Ruanda para enviar a algunos inmigrantes, que habían llegado ilegalmente cruzando el Canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones desde Europa, a vivir en el país africano sin litoral.
El gobierno afirma que la estrategia de deportación es necesaria para frenar el flujo de inmigrantes que arriesgan su vida en las travesías del Canal y para acabar con las redes de contrabando de personas.
El plan ha horrorizado a los opositores políticos, a las organizaciones benéficas y a los líderes religiosos, que dicen que es inhumano. El jefe de refugiados de las Naciones Unidas lo calificó de "catastrófico", y toda la cúpula de la Iglesia de Inglaterra lo denunció como una "política inmoral que avergüenza a Gran Bretaña".
En julio está prevista una audiencia completa para determinar la legalidad de la política en su conjunto.
