Se necesitan 92 votos de los 137 miembros de la asamblea para destituir a Lasso, de quien los políticos de la oposición dicen que desoyó las advertencias de malversación relacionadas con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec.

Lasso niega la acusación, diciendo que su administración hizo cambios en el contrato -que se firmó años antes de que él asumiera el cargo- para beneficiar al Estado, por consejo del contralor de Ecuador.

La oposición, incluidos los miembros del partido del ex presidente Rafael Correa - él mismo acusado de corrupción - se ha visto vigorizada tras la reelección de Virgilio Saquicela como presidente de la Asamblea Nacional el domingo.

Dos legisladores de la oposición presentarán el caso contra Lasso, que podrá defenderse posteriormente. Se espera que la votación final tenga lugar el sábado a más tardar.

Para evitar el juicio político, Lasso podría convocar la llamada "muerte a dos bandas", una peculiaridad constitucional que permite a los presidentes ecuatorianos convocar elecciones anticipadas tanto para su cargo como para la Asamblea Nacional en determinadas circunstancias, como cuando el legislativo bloquea el funcionamiento del gobierno.

"Esa opción siempre se ha considerado y está disponible, y la decisión le corresponde al presidente", dijo Juan Pablo Ortiz, secretario jurídico de la Presidencia, a un medio digital local el lunes pasado.

Si Lasso es destituido, será reemplazado por el vicepresidente Alfredo Borrero.

Si por el contrario Lasso opta por disolver la asamblea, gobernará con leyes emitidas por decreto hasta que se convoquen nuevas elecciones, según la Constitución ecuatoriana.

El tribunal electoral de Ecuador debe decidir la fecha de las nuevas elecciones en los siete días siguientes a la disolución de la asamblea.

La asamblea votó a favor de continuar con el proceso de destitución el pasado martes con 88 votos a favor de los 116 legisladores presentes.

Algunos legisladores han dicho que cualquier disolución sería inconstitucional y se negarían a acatarla. El gobierno y sus aliados han cuestionado la legalidad del proceso de destitución.