Las acusaciones están cobrando fuerza ahora en España, años después de que escándalos similares sacudieran a la Iglesia en otros países como Estados Unidos, Irlanda y Francia.
Los fiscales españoles dijeron la semana pasada que estaban investigando 68 casos, pero el diario El País informó hace dos meses que había encontrado 1.200 casos denunciados entre 1943 y 2018.
"Estamos profundamente entristecidos por los abusos que han ocurrido en la institución. La Conferencia Episcopal quiere dar un paso en su deber de aportar transparencia, ayuda y reparación a las víctimas, y colaboración con las autoridades", dijo en rueda de prensa el cardenal Juan José Omella, jefe de la Iglesia española.
Dieciocho personas del bufete Cremades&Calvo-Sotelo realizarán y auditarán gratuitamente la investigación durante los próximos 12 meses, complementando el trabajo de las comisiones creadas a nivel de diócesis y otras investigaciones iniciadas o previstas por las autoridades españolas.
El director del bufete, Javier Cremades, que reveló ser miembro del grupo católico conservador Opus Dei, dijo que la Iglesia tenía que investigar a fondo los presuntos abusos, y que su bufete estaba prestando un servicio tanto a las víctimas como a la sociedad.
"Estoy aquí como abogado, no como fiel", dijo, prometiendo tomar lo mejor de las investigaciones de otros países, como las de Francia o Alemania.
Pero Fernando García-Salmones, portavoz de la asociación de víctimas Infancia Robada, se mostró preocupado por los fuertes lazos entre la comunidad católica y el bufete de abogados, y calificó la medida de "otra cortina de humo" para ocultar los casos de abusos.
"Quieren que sus fieles les protejan", dijo a los periodistas el lunes. "Si la Iglesia tuviera verdaderas intenciones de hacer una investigación a fondo, ya lo habría hecho".
