El presidente estadounidense, Joe Biden, firmó en agosto la ley antiinflacionista de 430.000 millones de dólares, que incluye ayudas estatales para determinadas industrias, como el sector automovilístico.
La UE ha afirmado que la nueva legislación, que condiciona las exenciones fiscales al contenido fabricado en Estados Unidos, pone en desventaja a las empresas automovilísticas europeas y a las que producen una amplia gama de bienes del sector de la "economía verde", como baterías, hidrógeno y equipos de energías renovables.
Vestager, vicepresidenta de la Comisión Europea, afirmó que la cuestión era crucial para el bloque de los 27 países.
"Consideramos que se trata de una cuestión muy importante. Porque no se trata sólo de que algunas empresas individuales se beneficien también de las subvenciones que permite la Ley de Reducción de la Inflación", declaró en una audiencia del Parlamento Europeo.
"Es una combinación de la crisis energética y la forma en que está funcionando la Ley de Reducción de la Inflación lo que pone en peligro parte de la base industrial de Europa", dijo Vestager.
Insistió en la importancia de encontrar una solución con el gobierno estadounidense.
"Y creo que en el lado estadounidense se comprende que se trata de una situación en la que deben implicarse plenamente para encontrar soluciones", dijo Vestager.
