La carta abierta publicada el jueves, vista por Reuters, fue firmada por unas 460 personas, entre ellas un ex presidente de la Corte Penal Internacional (CPI), Sang-Hyun Song, y Stephen Rapp, ex embajador de Estados Unidos para la justicia penal mundial.
Raisi, que asumió el cargo en agosto, está sometido a sanciones estadounidenses por un pasado que incluye lo que Estados Unidos y activistas dicen que fue su participación como uno de los cuatro jueces que supervisaron los asesinatos de 1988. Su oficina en Teherán no hizo ningún comentario el jueves.
Irán nunca ha reconocido que se produjeran ejecuciones masivas bajo el mandato del ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder revolucionario que murió en 1989.
Amnistía Internacional ha cifrado el número de ejecutados en unos 5.000, afirmando en un informe de 2018 que "la cifra real podría ser mayor".
"Los autores siguen gozando de impunidad. Entre ellos se encuentran el actual presidente iraní, Ebrahim Raisi, y el jefe del poder judicial, Gholam-Hossein Mohseni Ejei", dice la carta abierta. Ejei sucedió a Raisi al frente del poder judicial iraní.
Raisi, cuando se le preguntó sobre las acusaciones de los activistas de que estaba implicado en los asesinatos, dijo en una conferencia de prensa en junio de 2021: "Si un juez, un fiscal ha defendido la seguridad del pueblo, debe ser alabado". Y añadió: "Estoy orgulloso de haber defendido los derechos humanos en todos los puestos que he ocupado hasta ahora".
La carta, organizada por el grupo con sede en Gran Bretaña Justicia para las Víctimas de la Masacre de 1988 en Irán, se envió también al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, cuyos 47 estados miembros inician una sesión de cinco semanas el 28 de febrero.
Otros firmantes son los anteriores investigadores de la ONU sobre la tortura y los ex ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Italia, Kosovo y Polonia.
Javaid Rehman, el investigador de la ONU sobre los derechos humanos en Irán que debe informar en la sesión, pidió en una entrevista con Reuters el pasado mes de junio una investigación independiente sobre las acusaciones de ejecuciones ordenadas por el Estado en 1988 y el papel desempeñado por Raisi como fiscal adjunto de Teherán.
(Este artículo se ha retocado para corregir errores tipográficos en los párrafos 1 y 7.)
