La ley exigirá a las empresas que presenten una declaración de diligencia debida que demuestre que sus cadenas de suministro no contribuyen a la destrucción de los bosques antes de vender productos en la UE, o podrían enfrentarse a fuertes multas.

"Espero que esta innovadora normativa dé un impulso a la protección de los bosques en todo el mundo y sirva de inspiración a otros países en la COP15", declaró el negociador principal del Parlamento Europeo, Christophe Hansen.

La deforestación es una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero que impulsan el cambio climático y será el centro de atención en la conferencia COP15 de la ONU que se celebra esta semana, en la que los países buscarán un acuerdo global para proteger la naturaleza.

Los negociadores de los países de la UE y el Parlamento Europeo alcanzaron el acuerdo sobre la ley a primera hora del martes.

Se aplicará a la soja, la carne de vacuno, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, y a algunos productos derivados como el cuero, el chocolate y los muebles. El caucho, el carbón vegetal y algunos derivados del aceite de palma se incluyeron a petición de los legisladores de la UE.

Las empresas tendrían que demostrar cuándo y dónde se produjeron los productos básicos y la información "verificable" de que están libres de deforestación, lo que significa que no se cultivaron en tierras deforestadas después de 2020.

También deberán demostrar que se respetaron los derechos de los pueblos indígenas durante la producción de las mercancías.

El incumplimiento podría dar lugar a multas de hasta el 4% de la facturación de una empresa en un país de la UE.

Los países de la UE y su Parlamento aprobarán ahora formalmente la legislación. La ley puede entrar en vigor 20 días más tarde, aunque algunas de las normas entran en vigor durante 18 meses.

Los países miembros de la UE estarán obligados a realizar controles de cumplimiento que abarquen al 9% de las empresas que exporten desde países con alto riesgo de deforestación, al 3% de los países de riesgo estándar y al 1% de los países de bajo riesgo.

Países como Brasil, Indonesia, Colombia y Malasia han criticado el plan de la UE, advirtiendo que las normas serán onerosas y costosas.

El comisario de Medio Ambiente de la UE, Virginijus Sinkevicius, declaró el lunes a Reuters que había visitado o hablado con los gobiernos afectados por la ley, y que la UE trabajaría con los países para ayudarles a desarrollar su capacidad de aplicar las normas.