Las normas obligarían a las empresas de criptomonedas, como los intercambios, a obtener y conservar información sobre los implicados en las transferencias de criptomonedas, y a proporcionarla a las autoridades competentes si se lleva a cabo una investigación.
Una vez redactadas, las normas tendrán que ser aprobadas por varios organismos antes de que puedan entrar en vigor.
"Las nuevas normas permitirán a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley poder vincular ciertas transferencias con actividades delictivas e identificar a la persona real que está detrás de esas transacciones", dijo Ernest Urtasun, legislador español del Partido Verde, que ayudó a impulsar la medida en el Parlamento Europeo.
